Las personas que han sido desplazadas de manera forzosa ante los riesgos que enfrentan en sus comunidades en Guerrero, debido a la presencia y acoso de grupos armados, demandaron al presidente López Obrador que les abra un espacio en su agenda de por lo menos 20 minutos para plantearle la crisis a la que se enfrentan desde noviembre del año pasado.

Los desplazados, quienes se instalaron en plantón frente a Palacio Nacional el 17 de febrero pasado, ofrecieron ayer una conferencia de prensa para dar a conocer su deseo de hablar con el mandatario federal con el objetivo de que éste considere el uso de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad en sus territorios y con ello asegurar la reubicación de unos y el regreso sin riesgos de otros.

Explicaron que desde noviembre de 2018 indígenas de la comunidad Tlaltempanapa, del municipio de Zitlala, y de ocho comunidades del municipio de Leonardo Bravo, de Guerrero, se vieron obligados a dejar sus hogares debido a la presencia y agresiones de grupos delincuenciales que se ostentan como policías comunitarias.

En principio, unas mil 600 personas se refugiaron en campos deportivos de comunidades cercanas con la finalidad de garantizar su integridad y su vida; sin embargo, debido a que el gobierno estatal de Héctor Astudillo no ha resuelto esta crisis, un grupo de 300 indígenas, entre ellos mujeres y niños, decidieron instalar desde hace 15 días el plantón en Palacio Nacional.

Acompañados por integrantes del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (CRDHJMMP), las personas desplazadas indicaron que su principal exigencia se centra en dos puntos: la reubicación de los habitantes de la comunidad de Tlaltempanapa y el regreso seguro para los pobladores de las ocho comunidades del municipio de Leonardo Bravo.

Manuel Olivares, director del CRDHJMMP, informó que hasta ahora no se ha alcanzado ningún acuerdo con el gobierno federal, por lo que este lunes esperan en el campamento la presencia de Félix Santana, director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, a quien insistirán en la necesidad de reunirse con el Presidente. Confió en que el funcionario les dé una resolución después del encuentro.

Solicitaron que intervenga el gobierno federal, aun con el uso del Ejército, para replegar a los grupos armados que se dicen policías comunitarias, quienes, dijeron, “tienen vínculos con grupos del crimen organizado como Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Ardillos y el cártel del Sur”, esto con el fin de que se instale un perímetro de seguridad en la región afectada.