La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrir al público los archivos del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –hoy Agencia Nacional de Inteligencia– es un gesto positivo, pero debe ir acompañado de la capacitación y recursos económicos suficientes para quienes organizarán los expedientes, señalaron especialistas en la materia.

Alejandra Ríos, profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que aunque el anuncio del titular del Ejecutivo es plausible, parte de la idea –aún no comprobada– de que todas las dependencias del gobierno federal ya tienen la capacidad de clasificar los archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos, corrupción y persecuciones políticas.

Se presupone que hay una organización existente para hacer una valoración de los archivos administrativos, que pueden pasar a intermedios y luego a históricos, y yo tengo mis dudas de eso. Aunque todo ello existiera, los documentos tendrían que ser evaluados por alguien que pondere también el derecho a la protección de datos personales, advirtió la especialista.

A decir de Ríos, el anuncio de López Obrador sobre la apertura de los archivos del Cisen debe entenderse como “un statement político” sobre la importancia de los derechos humanos, pero en la parte técnica, la iniciativa es ambigua y está abierta a la valoración de cada dependencia pública, sin que haya todavía una metodología para seleccionar los expedientes.

Metodología clara

Por su parte, Ramón Aguilera, director general de la Escuela Mexicana de Archivos, coincidió en que abrir los expedientes del Cisen es una medida acertada, pero al mismo tiempo advirtió que si no hay claridad sobre cómo hacerlo, la idea puede correr la misma suerte que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por el gobierno de Vicente Fox.

Al igual que Ríos, el experto alertó que si no hay una metodología definida para saber qué documentos deben enviarse al Archivo General de la Nación (AGN) para que puedan consultarse libremente, cada dependencia del gobierno federal aplicará su propio criterio, y es ahí donde muchos expedientes podrían no ser seleccionados.

Primero se debe hacer un programa de capacitación en las dependencias y luego organizar los archivos mediante procesos estandarizados. Si se hace bien, es mínimo un año de trabajo, porque además el AGN tiene poco presupuesto y poca capacidad humana para este ingente trabajo. La idea es buena, pero debe haber voluntad e integrar a gente comprometida, porque de otra manera, promete ser un caos.