n la mañana del 20 de febrero de 2019 fue asesinado Samir Flores Soberanes. Habitante del poblado de Amilcingo, opositor al Proyecto Integral Morelos y a la termoeléctrica de Huexca; incansable defensor de derechos humanos y del territorio. Estas palabras apenas alcanzan a honrar su memoria.

Los poblados del oriente de Morelos, bañados por el río Cuautla, han mantenido una vocación agrícola con grandes dificultades de cara al desinterés de los gobiernos por apoyar y hacer florecer el campo en México. El llamado Proyecto Integral Morelos (PIM) inicia en 2011 promovido por los gobiernos panistas. En él se incluye la termoeléctrica en Huexca, municipio de Yecapixtla, Morelos, el gasoducto que pasa por tierras tlaxcaltecas, poblanas y morelenses, y el acueducto desde las márgenes del río Cuautla hasta la citada planta.

El proyecto llegó. A nadie se le consultó. Un día interrumpió el paisaje. Se impuso a golpe de fuerza: en seis años de lucha se ha detenido a defensores y campesinos, se les ha torturado y encarcelado; se ha intimidado y girado órdenes de aprehensión en contra de pobladores de Morelos y Puebla; se ha reprimido a las comunidades de Huexca, Amilcingo, Jantetelco y Ayala con el mando único. En amplias áreas de las tres entidades se recurrió inclusive al Ejército y a las policías estatales para escoltar y cuidar la construcción del gasoducto ante la oposición de los pueblos. En febrero del año pasado la CNDH emitió la Recomendación 3/2018 en la que presenta un cúmulo de irregularidades y violaciones que aún no han sido atendidas.

La termoeléctrica nunca debió de haberse construido en Huexca, a escasos 200 metros del jardín de niños de la comunidad.

Pero nada de eso cuenta para la nueva democracia, esa que llegó a decir: ¡Va la consulta! ¡Que el pueblo decida! Sólo recuerden que si votan por el no, México seguirá comprando energía al extranjero. Este fue el inicio de la consulta popular o ciudadana (palabra ya en desuso), que se le quiere llamar imparcial. También se les dijo a los servidores públicos ahí presentes, en Cuautla el pasado día 10 –citados desde las ocho de la mañana para llenar el espacio– que fueran a informar a la gente y que los opositores también comunicaran, y para eso se tenían…12 días.

Lo que se ha desatado en Morelos, a partir del ánimo confrontacional que el gobierno estableció, en un ambiente cada vez más enrarecido, nos permite preguntarnos si es información lo que se ha generado o es mera propaganda por el sí.

¿Es información fiable que funcionarios públicos salgan a decir que ellos van a votar por el sí a la termoeléctrica? ¿O que en el mercado central de Cuernavaca, por medio de altavoces, funcionarios digan que hay que elegir el sí? ¿Es información imparcial la que omite cualquier discusión seria sobre la contaminación, no sólo del agua, sino también del aire y sonora? ¿La dependencia al gas metano, que eufemísticamente se le llama natural? ¿La peligrosidad del gasoducto en área de riesgo volcánico? No se dice nada en la información oficial sobre los riesgos de la termoeléctrica, por ejemplo, que el metano y los elementos atmosféricos con los que se mezclarán las moléculas de este gas producirán otros gases con potencial de efecto invernadero de 20 a 200 veces más fuertes que el propio CO2.

No, para la información que da el gobierno, no hay nada negativo en este proyecto, ni siquiera que los pueblos, ya divididos por la intromisión ilegal de la CFE y la compra de voluntades, viven una situación peligrosa de confrontación.

Y sobre la consulta, ¿Es legal que el superdelegado federal para Bienestar Social en Morelos, sea el encargado de la consulta? ¿Qué sea el mismo también presidente del instituto político Encuentro Social? ¿Eso no lo hace juez y parte? ¿No hay intereses creados en esa manera de gestionar una supuesta consulta pública?

¿Es justo y legal que se consulte a todo Morelos sobre algo que afecta de manera directa a más de 60 comunidades? ¿Es correcto llamar oposición –sin más– a los afectados ambientales de los regímenes pasados que se opusieron ayer y se oponen hoy a este proyecto? ¿No es esta narrativa de la oposición, junto con la de conservadores de izquierda una narrativa que afila lanzas, e incentiva a la confrontación?

¿No es todo esto junto una nueva manera de avasallar a las comunidades, hoy, por la fuerza de los votos?

La termo debe de ser desmantelada, y la tubería recogida, y borrada su huella de los campos de labranza y del paisaje. Porque las comunidades indígenas y los pueblos donde ese proyecto llegó no fueron consultados, porque la CFE no hizo consultas como se lo mandata la ley, porque se incumplió con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque los pueblos resistieron y lucharon y el proyecto quedó detenido, porque el plantón sigue en San Pedro Apatlaco deteniendo el acueducto, porque hay amparos y demandas, y porque esta nueva consulta que enfrentamos literalmente los días 23 y 24 de febrero es ilegal y, más que ilegal, es una afrenta. Ofrecer a los morelenses reducir 50 por ciento del costo de la energía eléctrica si le imponemos a Huexca y a las comunidades afectadas el Proyecto Integral Morelos no sólo es mayoritear, sino avasallar de nuevo a esas comunidades que no fueron ni han sido consultadas.

*Miembro del Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable del estado de Morelos