Mexicali, Bc., El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California inició un proceso administrativo disciplinario contra la titular del Juzgado Quinto Civil, María del Rosario Plascencia Ibarra, por su presunta participación en el despojo de al menos 6 mil viviendas de beneficiarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivivenda para los Trabajadores (Infonavit).

La Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura analizó una serie de denuncias ciudadanas sobre el procedimiento de adjudicación de miles de casas en Tijuana, Mexicali y Ensenada, por lo que se determinó iniciar una queja de oficio contra la juzgadora.

La jueza Plascencia Ibarra presentó el 13 de febrero de 2019 un informe sobre los casos por los que fue denunciada y, siete días después, compareció ante los consejeros judiciales, quienes acordaron citar ante la Comisión de Vigilancia y Disciplina a los secretarios de Acuerdos y actuarios que intervinieron en el expediente 608/2014.

Las denuncias de despojo de 6 mil casas son de 2014: en un expediente hay 5 mil 200 y en otro 800. Todos quedaron en el limbo, hasta este año que el asunto llegó al Consejo de la Judicatura, donde fue iniciado un procedimiento administrativo contra la jueza, y ayer en el Congreso local se instaló una comisión de investigación.

Las familias afectadas denunciaron actos de corrupción de autoridades judiciales, funcionarios del Infonavit e inmobiliarias. Acusan la existencia de una triangulación entre funcionarios del Poder Judicial de Baja California, notarios públicos de la entidad y del estado de México, desarrolladoras de vivienda y despachos contables.

Casi todas las casas involucradas en este caso fueron despojadas a familias con crédito Infonavit y son de interés social. Los quejosos aseguraron que la jueza omitió, de manera sistemática, notificar a las familias que sus viviendas se encontraban en proceso de adjudicación para, después, emitir una sentencia en favor de inmobiliarias que las adquirieron en precios mínimos.

A propuesta del diputado Luis Moreno, del partido Transformemos –antes Partido Encuentro Social (PES) de Baja California, que cambió de nombre para diferenciarse del PES nacional–, se aprobó en el Congreso estatal la creación de una comisión especial investigadora que indagará el posible despojo, que, afirman los afectados, es ilegal y fue favorecido por la connivencia.

La comisión legislativa la presidirá el diputado priísta Benjamín Gómez y estará integrada por los legisladores Alfa Peñaloza, Sergio Tolento, Victoria Bentley, del PAN; Job Montoya, de Movimiento Ciudadano, Claudia Agatón, del Partido del Trabajo, Héctor Mares y Marco Corona, del PRI.

Moreno dio a conocer que las denuncias van en aumento en Tijuana, Mexicali y Ensenada ya que las primeras datan de 2014 y en estos cinco años se registraron más casos.

Sin duda se destapó una cloaca de irregularidades e ilegalidades en el Poder Judicial por el despojo de viviendas, sostuvo. Subrayó que se trata de familias que perdieron su patrimonio de manera ilegal, lo que ha traído afectaciones en su estado emocional, de salud y financiero.

Las sanciones a las que la jueza se haría acreedora, según ley de servidores públicos, van de la amonestación, inhabilitación o destitución, además de que se daría vista a la Fiscalía General de la República o la Procuraduría de Justicia de Baja California por el posible delito de fraude, ya que la judicatura es un ente administrativo.