El sector empresarial expresó ayer ante la Cámara de Diputados su preocupación respecto de que una reforma laboral malentendida podría romper el equilibrio y el diálogo social en las relaciones entre empresas y trabajadores, que termine por afectar la planta productiva y el empleo formal.

Ante la trascendencia y críticas a la iniciativa de Morena para regular el padrón de sindicatos, toma de nota y la elección democrática de los dirigentes, la cámara acordó una nueva ronda de audiencias el miércoles próximo.

En la jornada de ayer, los empresarios presentaron sus objeciones porque el gobierno de la República podría controlar el centro federal de conciliación y registro laboral.

Esto porque, alertaron, si bien se propone que sea autónomo, será integrado a propuesta presidencial y se deja fuera a la representación empresarial y sindical.

El recién designado presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, planteó que dicho centro respete el carácter tripartito, en la tradición del derecho laboral mexicano, donde participamos trabajadores, empresas y empresarios y la autoridad como gran mediadora.

Señaló que los empresarios aplauden la propuesta de ley secundaria a la reforma constitucional en materia laboral de 2017, pero acotó que se debe respetar el círculo virtuoso de la riqueza, esto es, que se pueda invertir, pagar más impuestos, crear mejores productos, mejorar la exportación y alcanzar el bienestar.

En ese contexto, Tomás Natividad Sánchez, de la Comisión Laboral del CCE, presentó una serie de objeciones a la iniciativa y planteó que tiene elementos que podrían afectar las bases de crecimiento del país.

Planteó que la libertad sindical se da en tres aspectos: el ser sindicalizado, dejar de ser sindicalizado o permanecer libre de afiliación.

Este último derecho no se contempla en la reforma y debería estar y sí tiene relación con la representación de los trabajadores, como lo incluye la reforma constitucional, indicó.

Refirió que otros artículos también son motivo de preocupación en el CCE, porque rompen la estabilidad y seguridad jurídica de la planta industrial y de servicios.

Por ejemplo, dijo, el artículo 360 de la iniciativa de Morena permite la creación de todo tipo de sindicatos para todo tipo de actividades y género, federales, locales, que rompe la estructura jurídica que ha hecho crecer al país. Esa amplitud podría derivar en una invasión de grupos que no representen a una industria determinada, argumentó.

Citó que otro punto es la posibilidad de la prórroga unilateral de la huelga y verdaderamente no puede ser que así se contemple, porque el emplazamiento tiene efectos concretos en su eficacia, constituye al patrón en depositario de sus bienes y genera gastos de preparación del conflicto.

Dejar tal cual el texto de la iniciativa genera incertidumbre en el futuro del centro del trabajo y no puede quedar en una de las dos partes.

Además, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, José Manuel López Campos, resaltó que el centro federal de conciliación no puede estar integrado sólo por funcionarios, porque el gobierno sería juez y parte. Propuso que además de la parte gubernamental, participen cuatro representantes de los trabajadores y cuatro de los empresarios.