El comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas, manifestó en el pleno del Senado que la nueva realidad política permitirá a ese órgano demostrar que sus servicios públicos son necesarios para la consecución de los objetivos del nuevo gobierno: la austeridad y la lucha decidida y eficaz contra la corrupción.

Al presentar su informe de labores 2018 ante los senadores, Acuña recalcó: No puede comprobarse la austeridad sin un esquema de escrutinio público que identifique los ahorros y el racionamiento de gastos a cargo del erario. La transparencia es de-cisiva para constatar ante la mira-da pública cómo los ejercicios de ajuste y moderación se verifican en cada rincón del edificio público.

Tras destacar la legalidad y voluntad de acompañamiento que rigen al organismo, expuso que en el Inai ofrecemos esa capacidad y condición a los integrantes de la renovada administración federal, que encabeza el presidente de la República, y también a las que corresponden a las Cámaras de Congreso, que recién iniciaron sus legislaturas.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Acuña aseveró que de parte de la entonces PGR no hubo todas las medidas de facilidad para que pudiésemos llegar a los términos más objetivos en el caso de la investigación sobre el espionaje con el sistema Pegasus.

Por ejemplo, evidenció: no tenían bitácoras de uso de Pegasus, no tomaron las medidas adecuadas para que el resguardo de los datos personales de la ciudadanía se alejara en ese software que se volvió mailware por uso indebido.

Reveló que hizo llegar a la Fiscalía General de la República (FGR) una serie de resoluciones, en las cuales reconocimos que transgredió el principio de responsabilidad en el deber de seguridad previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales, con lo que desde el Senado y la Cámara de Diputados se pueda actuar para que estos casos no queden sin consecuencias.

Subrayó que el Inai ha perseverado en que el SAT dé a conocer nombres y montos de los beneficiaros de cancelación o condonación de créditos fiscales, pero los beneficiarios se han amparado para evitar que se conozcan.

Sobre el caso Odebrecht, explicó: tomamos una decisión audaz, que fue ordenar a la entonces PGR la elaboración de una versión pública sobre toda la averiguación previa, pero se amparó.

Lamentó que el Poder Judicial nos detuvo las manos por un amparo de la FGR, pero pronto tendrá vigencia la reforma al Código de Procedimientos Penales para que se investiguen delitos por corrupción.

Refirió como ejemplo la persecución y maltrato que sufrió Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales.