El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, y Karla Irasema Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda de Personas, ayer recorrieron un predio en Sayula de Alemán, en el sur de esa entidad, donde se investiga la posible existencia de fosas clandestinas.

Llegaron al ejido El Salado con una orden de cateo, y con ayuda de peritos supervisaron las investigaciones durante varias horas. El lunes la policía naval halló atascado un tractocamión robado del que salían olores fétidos.

La comisionada nacional de Búsqueda de Personas dijo que acudió a Veracruz porque es un foco rojo de desapariciones forzadas, junto con Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa.

Señaló que las familias de personas desaparecidas son el eje de la nueva ley y por ello se ha emprendido un trabajo coordinado con las comisiones estatales de búsqueda, las fiscalías estatales y los parientes.

Precisó que es igualmente importante aumentar esfuerzos para la identificación de restos y encontrar fosas. Es necesario seguir buscando en el terreno, pero sin duda tenemos que revisar los servicios forenses en todo el país.

Dijo que las autoridades no habían querido reconocer una crisis de derechos humanos y desapariciones por la existencia de unos 26 mil cuerpos no identificados. Manifestó que el Estado está obligado a identificarlos, porque tienen nombre y familia buscándolos.

En Colima, el Congreso del estado, con la mayoría de Morena y el Partido del Trabajo, aprobó la ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima.

La iniciativa fue presentada el pasado 7 de febrero por el diputado morenista Vladimir Parra Barragán. La finalidad es que esta norma se equipare con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual entró en vigor el 16 de enero de 2018.