El estado de Querétaro es ejemplo de lo que ocurre con el otorgamiento de patentes de notario en el país: en los pasados 42 años los gobernantes en turno han delegado la función notarial a familiares, o bien con los que tienen vínculos de amistad o desempeñaron algún puesto en la función pública. El caso más reciente en esta entidad fue el del ex coordinador de la fracción del PAN en el Congreso local (2015-2018), Luis Antonio Rangel Méndez, persona cercana al ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.

En su iniciativa de ley presentada ante el Senado, la ministro en retiro Olga Sánchez Cordero, sostiene que en últimas fechas han sido cada vez más los casos de designaciones de notarios seriamente cuestionables y que incluso han dado lugar a la interposición de diversos recursos por lo ilegal de los procedimientos.

En Querétaro, ocho días después de que diputados locales reformaron la ley de notariado para establecer que habrá dos notarios titulares, en lugar de un titular y uno adscrito, Rangel Méndez fue designado en el puesto por el gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién.

En la reforma no se contempló en ningún párrafo de los 180 artículos de la ley de notariado la prohibición para que los hijos o familiares directos de los notarios les cedan el derecho de la titularidad cuando dejen el puesto, o que la designación en ellos sea por parentesco o amistad. Por el contrario, fueron derogados los tres párrafos del artículo 31 que prohibía a los notarios intervenir en actos en los que tenga interés algún pariente o los mismos notarios.

En Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, gobernador del primero de diciembre de 1999 al 30 de noviembre de 2005, entregó fíats notariales a sus allegados y a integrantes de la oposición: los panistas Guillermo Anaya Llamas, Karla Samperio Flores y Jesús de León Tello, así como a Evaristo Lenin Pérez Rivera, este último del partido estatal Unidad Democrática.

Anaya era alcalde de Torreón y renunció a la fíat ante el escándalo por las concesiones notariales del gobernador priísta a integrantes del Partido Acción Nacional; Samperio era diputada local, al igual que De León Tello, actual dirigente panista en el estado, y que Pérez Rivera, quien después fue alcalde de Ciudad Acuña y ahora es diputado federal por el PAN. Las notarías de los tres últimos siguen vigentes.

Allegados a Martínez y Martínez también se convirtieron en notarios públicos durante ese sexenio, como Rafael Catarino Marines Daniel, quien durante el sexenio se desempeñó como su jefe de escoltas; Abraham Cepeda Izaguirre, presidente del Congreso local y secretario de Gobierno; María Hilia Schober Gutiérrez, directora de Notarías, y Rodolfo Rábago Rábago, director de Promotora Minera de Coahuila.

También Francisco Jesús del Bosque de Valle, director estatal del Trabajo, y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal, Ricardo Treviño Villarreal –asesinado a balazos en diciembre de 2018– y Rebeca Villarreal Gómez.

En el estado de México la entrega de notarías de gobernadores a colaboradores, amigos y cercanos, días antes de concluir su mandato se convirtió en práctica común.

En 2005, Arturo Montiel, poco antes de dejar el cargo designó a Emmanuel Villacaña Estrada como notario en Metepec. Villacaña se desempeñaba como secretario general del Instituto Electoral del estado.

Asimismo, hizo notario a Humberto Benítez González, hijo de Humberto Benítez Treviño, un colaborador hankista y ex procurador General de la República.