Madrid. Con violencia y en medio de escenas de enorme tensión, cuatro familias residentes en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés fueron lanzadas de sus viviendas, situadas en un mismo edificio, con sendas órdenes judiciales dictadas por tres juzgados distintos y coordinadas para ser ejecutadas el mismo día.

Es una situación inédita, según activistas contra los desahucios y la especulación inmobiliaria, quienes informaron que entre las personas despojadas de su hogar había cuatro menores de edad, entre ellos una con 85 por ciento de discapacidad y un recién nacido.

La calle Argumosa, una de las más concurridas y populares de dicho barrio, fue el escenario de la tensión que se vivió entre vecinos, activistas de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y agentes antidisturbios desplegados alrededor del edificio para ejecutar el desahucio. O más bien, el cuádruple desalojo. Es una situación que nunca se había registrado tras la proliferación de familias afectadas por ese tipo de mandatos judiciales tras la crisis económica y financiera que se inició hace ya ocho años.

El edificio, propiedad de una familia española de empresarios del sector inmobiliario, los Aguado, y de una empresa llamada Proindivisos, estaba hasta hace años con alquileres regulares dentro del mercado y en función del precio del barrio, uno de los más populares y obreros del centro de Madrid.

Sin embargo, la zona empezó a cambiar hace un lustro, cuando irrumpieron en el mercado de alquiler turístico plataformas como Airbnb, que han provocado que muchos departamentos que se rentaban para vivienda se convirtieran de pronto en casas destinadas al alquiler turístico.

Ello ha provocado también el desalojo de los inquilinos anteriores, ya sea por la no renovación del contrato o porque se les ha incrementado el precio del alquiler hasta tres veces.

Así ocurrió con las viviendas de la calle Argumosa, en las cuales los dueños decidieron subir el precio de forma desmesurada y negarse a negociar las condiciones.

Muchas familias, como las que fueron desalojadas ayer, dejaron de pagar la renta y se inició el proceso judicial de desahucio, que finalmente se ejecutó ayer por orden de tres tribunales distintos, los cuales ordenaron el desalojo, incluso por la fuerza, de esas familias. Y tampoco tomaron en cuenta las recomendaciones planteadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas sobre este caso, que solicitó evitar el desalojo.

Sólo una de las cuatro familias cuenta ya con una alternativa habitacional y con apoyo público. De hecho, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid ha denunciado en reiteradas ocasiones que ningún gobierno, incluido el municipal de Madrid, gobernado por una plataforma independiente vinculada con la formación emergente Podemos, han hecho nada para evitar uno de los dramas más graves provocados por la crisis.

Para ejecutar las órdenes judiciales la policía tuvo que actuar con violencia en las inmediaciones del edificio, que estaba rodeado por vecinos y activistas.

En total se registraron seis detenciones y a unas dos docenas de personas se les podría abrir un expediente sancionador de carácter civil.

Al ser interrogada sobre el caso, la vocero del Ejecutivo español y ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró: La policía ha cumplido con su deber, pero ha sido la política la que no ha llegado a tiempo para evitar un nuevo drama, que afecta a personas humildes, a gente que espera de nosotros una respuesta ante la ruina y los recortes provocados por la crisis.