El Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional responsabilizaron del asesinato de Samir Flores Soberanes –opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM)– al mal gobierno y sus patrones, que son las empresas y sus grupos armados legales e ilegales, que así pretenden robarnos, llevarnos la muerte y apagar las luces que nos dan esperanzas.

Otras 11 organizaciones no gubernamentales de Chiapas, entre ellas los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Fray Matías de Córdova, así como La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes y de Derechos de la Mujer, exigieron justicia por el asesinato y garantías de protección para quienes se oponen al PIM.

En medio de una escalada de desprestigio y criminalización a organizaciones sociales y civiles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incrementa el riesgo a la vida de quienes enfrentan amenazas a su integridad y seguridad a consecuencia de su labor de apuesta por la paz, el territorio y la vida, señalaron.

No a la impunidad: ONU-DH

Por su parte, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, advirtió que las declaraciones que a priori descartan la posibilidad de que el asesinato de Flores Soberanes esté relacionado con su labor de defensa de los derechos de las comunidades afectadas, ponen en duda el curso de las investigaciones por este crimen.

Su asesinato debe ser investigado a cabalidad, sin dejar de lado ninguna línea de investigación, de manera desprejuiciada y tomando en cuenta su labor en defensa de los derechos humanos. Si este crimen quedara en la impunidad se enviaría un terrible mensaje a la sociedad de Morelos y a todas aquellas personas que día a día alzan su voz para reclamar una sociedad más justa, subrayó.

Precisó que la ONU-DH condenó el crimen del integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, e informó que ya suman siete defensores asesinados en México en lo que va de 2019, a lo que se deben sumar los 13 homicidios de activistas del año pasado, de los que nueve eran indígenas.

Indicó que hay un clima de tensión en esa zona, donde los gobiernos federal y estatal pretenden realizar una consulta este fin de semana para definir si se permite la operación de la termoeléctrica de Huexca, por lo que llamó a las autoridades a priorizar el diálogo y el respeto a los derechos humanos.