l ex secretario de Salud Julio Frenk está lanzando un ataque, apoyado por algunos políticos del PAN, contra el viraje en la política de salud que el nuevo gobierno está iniciando. En esta ofensiva, nacional e internacional, destacan dos artículos, uno en Nexos y otro en la revista médica Lancet, con la cual Frenk mantiene una relación poco transparente desde hace años. En ambos textos se sugiere que los gobiernos extremistas de derecha (Donald Trump) e izquierda (Andrés Manuel López Obrador) son iguales y se caracterizan por ignorar los hechos y la evidencia científica; que les mueve la ideología, no la razón. Es interesante constatar que el método discursivo de ambos artículos de Frenk es ignorar aquellos hechos que contradicen su argumento e incluir otros como pruebas
aunque no tienen que ver con el hecho a discusión o son marginales a él, o sea, un método ideológico.
Los dos temas de fondo que el nuevo gobierno está analizando y tratando de resolver son, por un lado, los efectos de la descentralización sobre los sistemas estatales de salud y, por el otro, las consecuencias de los modelos de financiamiento sobre la integración del sistema público de salud y respecto a la inequidad en el acceso entre los mexicanos. Estos temas surgieron a partir de la constatación empírica, en su inicio no rigurosamente sistematizada si se quiere, a lo largo del territorio nacional de: obras abandonadas o inconclusas; ciudadanos/usuarios insatisfechos con los servicios de salud de todas las instituciones; múltiples y comprobados fraudes y tráfico de influencias en la compra de medicamentos, equipo y contratos de obra; profesionales de salud descontentos con sus contratos y condiciones de trabajo irregulares. Dos elementos estructurales del sistema de salud que condicionan esta problemática son la descentralización y el modelo de financiamiento del Seguro Popular (SP) ligado a la restricción de servicios de la población sin seguridad social laboral.
La descentralización, un mantra neoliberal, se inició en 1985, pero se interrumpió varios años por los graves problemas causados en los servicios y se concluyó hasta 1997. La justificación de la descentralización fue que incrementaría el poder de los ciudadanos sobre los servicios vía la presión a sus representantes electos para que los mejoraran. La descentralización ha sido un proceso con resultados muy diversos en diferentes estados, pero dos hechos repetidos están ligados a ella: la falta de una planeación estatal y nacional integradora de los servicios públicos de salud y el establecimiento de un espacio propicio para la corrupción en la contratación de obra, compra de medicamentos, insumos y equipo. Las más de 250 obras abandonadas, detenidas o en proceso son el resultado de la falta de una planeación competente o, alternativamente, de ventanas de oportunidad
de funcionarios y legisladores para gestionar financiamientos que en parte va al caño de la corrupción. A quien lo dude le invito a consultar los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Hay miles de millones de pesos perdidos en obras paralizadas, equipos embalados con garantías vencidas y en medicamentos caducados a lo largo del país.
El impacto sobre la equidad en el acceso a los servicios requeridos de los distintos modelos de financiamiento está documentado en una serie de artículos académicos y evaluaciones institucionales. Aunque se alegue que el financiamiento tanto del SP como de los seguros médicos de la seguridad social son tripartitas, es un hecho que el acceso a los servicios requeridos es muy diferente debido a las restricciones del paquete de servicios garantizados por el SP y por las malas condiciones de los establecimientos que los prestan. El informe 2018 del propio SP reconoce que sólo 37 por ciento de los servicios susceptibles a prestarlos cumplen los criterios de acreditación. En este ámbito también se reflejan la mala planeación y dificultades de la infraestructura de los sistema estatales, ya que más de 50 por ciento de los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud está inmovilizado en obras en proceso, la mayoría desde hace años.
El drama del sistema de salud visto desde el territorio nacional y no desde Florida obliga a actuar y transformar esta realidad. El actual gobierno no cuestiona el derecho a la protección de la salud, como llega a sostener Frenk. Al contrario, está buscando cancelar su violación sistemática y lograr que deje de ser una mera pieza discursiva y se convierta en una realidad salvadora de la dignidad y la vida de los mexicanos.
* Subsecretaria de Integración y Desarrollo de Sistema de Salud
