En los seis años recientes, ninguna de las iniciativas para tipificar como delito la violencia política por razones de género ha prosperado, reprocharon ayer diputadas y especialistas de defensa de las mujeres.

En el foro Violencia política de género, la ex magistrada María del Carmen Alanís fue más allá y aclaró que la legislación puede definir que no deben violarse los derechos políticos de las mujeres, pero si no hay una estrategia conjunta con las autoridades, ¡vale madres!, y perdón por el francés.

Ayer en la Cámara de Diputados se resaltó que la campaña presidencial del año pasado fue la de mayor agresión política en contra de las mujeres y la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño (Morena) refirió que desde 2012 se han presentado iniciativas para incluir el término de violencia política, pero todas se quedaron en la congeladora legislativa.

Sanciones a agresores de mujeres que hacen política

Los actos de agresiones contra las mujeres que hacen política, desde cualquier ámbito, no pueden permitirse y deben sancionarse, declaró.

Durante el encuentro, Gloria Alcocer Olmos, de Organización Fuerza ciudadana, resaltó que hay muchas formas de violentar a las mujeres, y que se ha extendido esa práctica principalmente en Twitter, donde hay algunos usuarios muy agresivos.

“Vean estas cuentas que nos están tirando mierda todo el tiempo, por favor. No tenemos que ser las mejores amigas del mundo, sólo decir la de al lado, aunque me caiga mal, los hombres se enojan, salen, se echan unos tragos, y al día siguiente, compas. Pero nosotras no, ‘uta, me vio feo, ¡50 años de rencor y no le hablo’! A las que ofendí, retiro lo dicho, de verdad nos necesitamos porque nos están cargando las cosas más feas”, dijo.

Citó que otro ejemplo de agresión ocurre en el Poder Judicial y ejemplificó con el caso de la magistrada Janine Otálora, que renunció como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que pasó con Janine no es justo, sostuvo.

Usos y costumbres sin base

Mientras, la ex magistrada Alanís afirmó que los usos y costumbres se han convertido en una de las principales resistencias al avance político de las mujeres.

Lamentablemente, en muchos casos lo que las comunidades reconocen como usos y costumbres, no lo son. En Coyotepec, Oaxaca, cada tres años los cambiaban, al igual que en otros municipios, según les convenga por su contexto político o económico y en medio quedan las mujeres y otros grupos de población tradicionalmente excluidos, indicó.