El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer multas a los partidos políticos por un monto de 327.2 millones de pesos por irregularidades detectadas en sus informes de ingresos y gastos correspondientes a 2017, durante una sesión en la que el consejero Ciro Murayama destacó que esta suma representa 1.6 por ciento de los recursos fiscalizados.

Aunque asumió que sus comentarios sonarían anticlimáticos, puntualizó que, objetivamente, los partidos se financian y ejercen su gasto conforme a la ley.

Al presentar los dictámenes, en los que se puede observar que los más sancionados son el PRI y el PRD, con alrededor de 160 millones de pesos, el consejero Benito Nacif explicó que la Unidad de Fiscalización revisó 10.5 mil millones de pesos en ingresos y 9.5 mil millones en egresos de las fuerzas políticas.

Agregó que se castigan 38 infracciones, cuatro de las cuales concentran 50 por ciento de las multas, entre ellas el no comprobar egresos y realizar gastos sin fines partidistas. También expuso que 87 por ciento del monto de sanciones corresponden a los partidos locales o a los nacionales con acreditación local y 13 por ciento a las dirigencias partidistas nacionales.

Córdova: adiós a cajas negras de proselitismo

Con el sistema de fiscalización utilizado por el INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, subrayó que han quedado atrás los tiempos en que la sociedad mexicana estaba a expensas de lo que quisieran reportar las fuerzas políticas en materia administrativa y financiera.

Los partidos ya no pueden ni podrán ser cajas negras de proselitismo ni ámbitos de opacidad financiera, subrayó al defender la decisión de dar facilidades para que las agrupaciones políticas puedan cumplir sus obligaciones, como son las de pagar impuestos y ejercer los recursos destinados al desarrollo político de las mujeres y actividades específicas.

Este es un ejercicio que no busca sancionar a los partidos como si ese fuera el objetivo per se, sino generar contextos de exigencia para fortalecer su imagen ante la sociedad mexicana, señaló Córdova.

Murayama secundó ese posicionamiento al plantear que el INE no sale de cacería cuando realiza la fiscalización, sino a incentivar conductas acordes a la norma.

La consejera Pamela San Martín cuestionó que se dé un plazo adicional –que va de seis meses a un año, dependiendo de la infracción– para que las fuerzas políticas cumplan con el pago de sus contribuciones, salden cuentas por pagar y cobrar, y ejerzan los recursos asignados a la promoción política de la mujer, dado que cometieron una irregularidad que se está perdonando. Sus críticas no lograron cambiar los dictámenes ni el monto general de las sanciones.