ue siempre sí, y que por lo mismo la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación de oficio por el posible conflicto de intereses del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, de tal suerte que, de comprobarse, podría ser inhabilitado y separado de su cargo.

Apenas el viernes pasado García Alcocer negó esa posibilidad y dijo que se mantendría al frente de la CRE, cargo que ocupa desde abril de 2016 (cortesía del ex secretario de Hacienda y aprendiz en la cancillería mexicana, Luis Videgaray), pues él, en tiempo y forma, presentó su declaración de intereses ante la SFP.

Pero todo indica que en tal declaración olvidó incluir algunos elementos, a grado tal que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, advirtió que se analiza el flujo de capitales de las personas allegadas a García Alcocer, ya que podrían estar involucradas en triangulación de lavado de dinero y defraudación fiscal.

García Alcocer es un itamita ligado al gang de funcionarios y ex funcionarios encabezado por el inefable Videgaray, y durante el sexenio peñanietista tuvo varias chambas: director general de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía; vocal suplente en el consejo de administración de Petróleos Mexicanos; coordinador de asesores de la Subsecretaría de Hidrocarburos; director general de Transformación Industrial de Hidrocarburos, y director general adjunto de Evaluación Financiera, entre otras. También participó en el armado de la reforma energética de EPN y la calderonista de 2008.

Antes laboró en varias áreas de la Secretaría de Hacienda y, por cierto, como presidente de la CRE, García Alcocer se negó a hacer pública la información relativa a su modificación patrimonial (declaración del 15 de mayo de 2018) y no estuvo de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de intereses.

Más allá de eso, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, detalló que el conflicto de interés consiste no sólo en la posible afectación a la objetividad e imparcialidad del servidor público, debido a intereses personales, familiares o de negocios, sino en los conflictos de interés potenciales. Así, tras una revisión exhaustiva de las declaraciones de posible conflicto de interés presentada por el titular de la CRE, se localizó, además, un permiso para transporte de gas natural para la empresa Fermaca, en la cual el funcionario reconoció que está vinculada su familia. Ese permiso no fue declarado por García Alcocer, por lo que se inició una investigación de oficio.

Ya el presidente López Obrador dijo que se van a limpiar, a purificar, los organismos autónomos –como la CRE–, que estaban totalmente al servicio de intereses particulares; no es porque (García Alcocer) nos cuestionó; es más profundo el asunto. Es que se engañó al pueblo de México haciendo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes, porque el gobierno no podía atender los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex.

En vía de mientras, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que el cuñado de García Alcocer reportó ingresos (2013-2017) por 12.5 millones de pesos, además de una retención por terceros de 9.3 millones, pero en la declaración no se incluyen tres empresas que tienen proyectos con Pemex. Una de ellas hizo transferencias al extranjero (febrero de 2014-diciembre de 2018) por 47.8 millones de pesos y 148.5 millones de dólares. Se trata de una empresa que presenta tan bajos reportes al SAT, lo cual podría constituir un caso de defraudación fiscal.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿en ciernes, nuevo comisionado presidente en la CRE?... Congregada en Palacio Nacional, la ahora cínicamente aplaudidora minoría rapaz atestiguó la puesta en marcha del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que encabezará otro impresentable, Arturo Romo.

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