La ausencia de gobierno y actos de corrupción son el sello que ha distinguido a la administración del alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, en sus primeros cuatro meses de gestión, donde la venta de espacios en calles y banquetas se da al mejor postor y las violaciones al uso de suelo van al alza, afirmaron vecinos, trabajadores y comerciantes de la demarcación.

Atrás de los escándalos están las pugnas internas en el gabinete para tener el control de la extorsión y los negocios en la vía pública, en los que están inmiscuidos hasta los concejales afines al grupo político del diputado federal perredista Mauricio Toledo, con la complacencia del ex futbolista, refirieron.

Entre los funcionarios, quien ha cobrado notoriedad es Eduardo Ramírez Vallejo, coordinador de asesores de Negrete, a quien acusan de extorsionar a los comerciantes para permitirles un espacio dentro de las ferias que se organizan en el centro histórico de Coyoacán.

Ramírez Vallejo, quien estuvo preso por cohecho a un empresario gasolinero cuando fungió como secretario particular de Toledo, tiene en su haber una demanda por extorsión a comerciantes, al pedir, junto con su cuñado, Mario Estrada, un millón de pesos para permitir la colocación de una romería sobre la calle Malitzin en los festejos del Día de Muertos del año pasado, según consta en la carpeta de investigación CI-FCY/COY-1/UI-1C/D/00129701-2019.

Sin embargo, no es el único sobre el que pesan denuncias. En diciembre del año pasado se presentó una queja en la Contraloría General de la Ciudad de México contra el asesor del alcalde, el concejal Ramón Flores, y sus allegados Jorge Pineda y Néstor Flores, por una práctica similar.

En el escrito, un empresario de juegos mecánicos los acusó de exigir un pago de medio millón de pesos para permitirle la colocación de sus aparatos sin la entrega de ningún permiso oficial de por medio.

Las quejas alcanzan a otros servidores. Al concejal Armando Jiménez, ex diputado local perredista y ex funcionario de Coyoacán, se le atribuye la operación de franeleros sobre la calle Allende, quienes no cuentan con un gafete con la autorización de la alcaldía, sino de la organización Vida Digna, que él preside, así como la presencia de 200 vendedores de los llamados toreros sobre Carrillo Puerto.

Trabajadores de la demarcación acusaron, a su vez, al jefe de unidad departamental de Mercados y Concentraciones, Abel Medina, de recoger los cobros que se generan por el uso de los baños en los centros de abasto, sin que ese ingreso se reporte a las arcas del gobierno capitalino.

Sin embargo, el principal negocio es la venta de espacios en las calles. La riña entre funcionarios a principios de febrero frente a la alcaldía, en el jardín Hidalgo, por la colocación de una feria de artesanos triquis evidenció la pugna en la actual estructura gubernamental.

El director de Jurídico y Gobierno, Farid Barquet, y la coordinadora de Fomento a la Equidad de Género, Olivia Betancourt, habían pactado la instalación de la romería con el gobierno central, sin la participación de Ramírez Vallejo.

Miguel Vázquez, del Bazar de Artesanías, indicó que desde la anterior administración se pactó que ya no se realizara ninguna actividad comercial sobre los jardines, donde además está prohibido al ser un sitio de monumentos históricos, pero desde que inició el actual gobierno se ha autorizado una feria tras otra.

Apenas concluyó la Feria de Michoacán y ya se alista la de Guerrero en dicho espacio, donde se vende a 10 mil pesos el tablón de los puestos.

Con ese pretexto, algunos artesanos volvieron a tomar el jardín Centenario, a 10 años de haberse recuperado, lo que ha generado temor entre los vecinos de que su presencia ahí sea permanente. Ni en los tiempos de Miguel Bortolini había este desbordamiento del comercio ambulante, expresaron.

No es la única preocupación de los habitantes, sobre todo del centro histórico, donde la violación a los usos de suelo sigue creciendo. “Hoy ya tenemos antros con karaoke y espectáculos de strippers en una zona con uso habitacional”.

Vigente, red de operadores

Por otra parte, continúa intacta la red de operadores políticos que desde la administración de Mauricio Toledo se tejió para la compra y coacción del voto.

La organización Acción Comunitaria de los Pedregales, que inició un mapeo de cada uno de los enlaces que existen en las colonias para bajar los programas sociales, indicó que se trata en su mayoría de mujeres que están como aviadoras en la estructura de gobierno, pues el trabajo que realizan es en territorio, donde vigilan, amenazan y coaccionan a los vecinos.

Natalia Lara, integrante de la agrupación, explicó que el más reciente reparto de tinacos se hizo en una de las casas de una de las operadoras en Santa Úrsula, a quien identifican como Magaly, pero existen otros, como Matilde Morales, en Santa Úrsula Coapa, y Manuel Becerra, en Pedregal del Maurel.