Desde 2009 el Seguro Popular arrastra un déficit que asciende a 7 mil millones de pesos, además de ser un sistema excluyente, pues no cubre la totalidad de las enfermedades; tampoco incluye a todas las personas sin seguridad social, afirmó Ivonne Cisneros, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Debido a las limitaciones presupuestales, la meta de afiliación de 2019 es igual a la del año pasado, que concluyó con cerca de 54 millones de individuos inscritos. Lo anterior, pese a que en informes oficiales se reconoce que al menos 20 por ciento de la población carece de acceso a servicios médicos.

En el plan nacional de salud del actual gobierno se estima en 20 millones la cifra de personas sin atención a la salud.

En entrevista, Cisneros comentó que en años anteriores, cuando el déficit alcanzaba cierto nivel, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizaba asignaciones adicionales para equilibrar, y de ahí volvían a empezar. Se hacía de esa manera, con la finalidad de mantener la meta de afiliación y la prestación de servicios. Así ha estado siempre, afirma.

De ahí que, aunque la reforma a la Ley General de Salud de 2003 –por la cual se crearon el Sistema Nacional de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular– logró aumentar el presupuesto del sector y se planteó el objetivo de alcanzar la cobertura universal, en realidad no se ha cubierto cabalmente la necesidad social en este rubro.

El Seguro Popular

La funcionaria reconoció el beneficio obtenido con el Seguro Popular para garantizar un catálogo de medicamentos esenciales en el primer y segundo niveles de atención, así como en la mejoría de indicadores como la disminución de la mortalidad infantil.

No obstante, aseguró, el sistema se queda corto ante la problemática creciente de la obesidad y la diabetes, así como frente al desafío que representan la mortalidad materna y el cúmulo de padecimientos que están fuera de la cobertura del esquema.

La funcionaria destacó el caso de las personas lesionadas en la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan. Resulta que el Catálogo Universal de Servicios de Salud sólo cubre las quemaduras de primer y segundo grados. Las graves, como las que hubo por el percance en Hidalgo, están excluidas, pero se tiene que atender a la gente, sin duda, resaltó.

También mencionó la desigualdad entre el gasto per cápita que se destina a los afiliados del Seguro Popular respecto de quienes están cubiertos por la seguridad social.

De acuerdo con reportes oficiales, la inversión para los primeros ascendía, en 2014, a 3 mil 641 pesos, mientras para los derechohabientes de instituciones era de 5 mil 860 pesos.

Respecto del trabajo que se realizará en esta administración, la maestra en salud pública explicó que por ahora se hará con base en la ley vigente. Por eso, dijo, se tendrá que seguir con una meta de afiliación, la cual se fija con base en un presupuesto deficitario.

Explicó que en 2018 dicho déficit fue de 4 mil millones de pesos y en 2019 subió a 7 mil millones. Esa es la razón de que no podamos avanzar más.

Las barreras que actualmente impone la ley se eliminarán con el nuevo proyecto para reformar el Seguro Popular y atender las necesidades, sostuvo Cisneros.