El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) tiene abogados e infraestructura que no habían sido aprovechados a pesar de que sus integrantes tienen mayor nivel de éxito que los de un despacho privado, y sólo cuenta con mil 200 personas dedicadas a defender a acusados o víctimas de un delito en todo el país, indicó el titular de este organismo, Netzaí Sandoval Ballesteros.

En entrevista con La Jornada, el jurista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Complutense de Madrid, señaló que el IFDP es una institución con potencial enorme para ayudar a los grupos vulnerables y por ello el proyecto para los próximos tres años incluye el uso más racional de los recursos públicos, incrementar el número de abogados con conocimientos en lenguas indígenas y pertenencia a las comunidades, un programa para que los defensores públicos no sólo se capaciten en Ciudad de México y que aumente el número de abogados especializados en la defensa de migrantes y menores infractores.

–¿Cuál es la problemática que enfrenta el instituto?

–No pienso en problemática sino en una institución con enormes posibilidades para apoyar a los grupos vulnerables, ya que sus integrantes cuentan con condiciones respetables, sólidas y dignas, por ello tienen un índice de éxito muy alto.

“Tenemos una plantilla de 2 mil 600 trabajadores; de ellos, mil 200 son defensores públicos, pero no sólo se enfocan en litigios, también brindan a la ciudadanía asesoría jurídica en materia penal y en otras áreas del derecho como asuntos mercantiles (relacionados con clonación de tarjetas y cargos indebidos), en materia civil o familiar.

Nuestra atención es a los grupos más vulnerables del país. Se apoya a personas que no saben leer ni escribir, pero en general –y son los límites que nos impone la ley– se apoyan casos de personas que no ganan más de 20 salarios mínimos”.

–¿Cuántos expedientes atiende cada defensor?

–Depende de la problemática de cada entidad y de la incidencia delictiva. Existe una carga de trabajo diferenciada: mientras en la zona de la península de Yucatán un integrante del IFDP atiende 30 casos anualmente, en entidades con problemas de narcotráfico los casos se multiplican y anualmente desahogan más de 150 juicios. En Ciudad de México esa cantidad se rebasa.

Aunque no solamente nos enfocamos a esos temas, hay casos que originalmente estaban en manos de defensores privados, los perdieron y tras la sentencias de cinco, 10, 20 o más años de prisión, los abogados se olvidan de ellos, ya no buscan los beneficios que puedan disminuir las penas, y nosotros estamos llevando ese tipo de casos, por ejemplo, en los Centros Federales de Readaptación Social que se localizan en Puente Grande, Jalisco, y en Almoloya de Juárez, estado de México.

Por supuesto, también litigamos para ciudadanos que no tienen dinero suficiente para pagar los honorarios de un abogado privado.

Justicia para comunidades indígenas y migrantes

Entre los retos que enfrentará como titular del IFDP, Netzaí Sandoval refiere dos temas que son trascendentes, justicia para integrantes de comunidades indígenas y migrantes:

–Es muy bajo el número de defensores especializados en lenguas indígenas, sólo hay 39 para un total de 364 lenguas originarias que están en el catálogo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. A pesar de ello, somos la institución que más puede atender y asistir a los ciudadanos, ya sea como defensores o bien como traductores.

“Esto es muy importante porque son abogados que conocen la lengua y la cultura de esos pueblos. El presidente del Poder Judicial, el ministro Arturo Zaldívar, tiene el compromiso de incrementar nuestra capacidad de servicio y ya estamos tomando medidas para ello.

“Otro problema: tenemos sólo 10 defensores públicos que atienden a migrantes y me atrevería a decir que el problema de migración en México amerita una capacidad institucional mucho mayor, no solamente tenemos la situación de quienes provienen de Centroamérica y se trasladan hacia Estados Unidos.

Tenemos muchos otros problemas, desde gente repatriada de otras nacionalidades que ahora está ingresando a México por las políticas de Estados Unidos, o, como se recordará, entre los casos terribles, los asesinatos de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El IFDP es la única institución del Estado que da atención a esos migrantes a través de la defensoría pública.

Sandoval considera necesario cambiar el paradigma de que todo en materia de justicia sea que los involucrados pasen largo tiempo en prisión, y afirma que en el instituto se impulsa la justicia restaurativa, es decir, que quienes cometieron un ilícito reparen el daño y que en lugar de ir a prisión se conviertan en una persona socialmente útil, que es uno de los objetivos del nuevo sistema de justicia penal.