l plan de rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) –presentado el viernes pasado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador– sólo provocó comentarios negativos de calificadoras y bancos trasnacionales, quienes, a coro, dijeron no estamos de acuerdo pero sí decepcionados por tratarse de un esquema insuficiente e incierto, pues los dineros comprometidos apenas representan un tercio de lo requerido para reactivar a la empresa.

Por lo visto, todo lo que el gobierno federal haga para reflotar a la ex paraestatal, para sacarla del profundo hoyo en que la metieron seis administraciones neoliberales, no contará con el visto bueno de calificadoras y bancos trasnacionales, porque de eso viven, y muy bien: las primeras amenazando con reducir el grado de inversión, y los segundos porque ya les dijeron que en 2019 Pemex no se endeudará más, es decir, no requerirá la ayuda de las instituciones financieras.

Sin duda, el problema financiero de Pemex es de enormes proporciones y su solución requiere un esfuerzo descomunal, pero, hasta donde se sabe, a lo largo de seis sexenios de despilfarro, corrupción y desmantelamiento del más importante consorcio mexicano ninguno de los hoy quejosos o disgustados advirtió mayor cosa, pues contentos estaban a sabiendas de que, tarde que temprano, se concretaría la privatización total de la hoy llamada empresa productiva del Estado.

Pero algo les falló. Esperaban el séptimo gobierno neoliberal al hilo y su plan se apestó. Hoy, la administración de López Obrador está comprometida en sacar a flote a Pemex, por mucho que a los hoy quejosos no les guste la idea.

¿Cinco mil 200 millones de dólares, de entrada, resultan insuficientes para comenzar a fortalecer a la empresa del Estado? Bueno, resulta un esfuerzo muchísimo mayor al que hicieron los gobiernos anteriores (es decir, nada). Y sobre este punto, López Obrador ha sido muy claro: si se requieren más recursos, los habrá.

Las cifras de Pemex dejan en claro que, amén del desplome en producción e inversión, la ex paraestatal acumula una década con un balance financiero permanentemente negativo (2008-2018, de Calderón a Peña Nieto), pero parece que ante esa cruda realidad ninguno de los hoy quejosos dijo no me gusta ni advirtió que el gobierno no tiene el diagnóstico correcto (Citibanamex dixit).

Cuando Calderón se instaló en Los Pinos recibió un balance financiero positivo de Pemex por alrededor de 170 mil millones de pesos, y cuando, por fin, abandonó la residencia oficial dicho cálculo resultó negativo (al igual que los tres años previos) por 37 mil millones. Esta última cifra fue la que el tal Jelipe heredó a Peña Nieto, y éste cerró gobierno con un balance negativo por 63 mil millones de pesos, 70 por ciento mayor al de seis años antes.

Y en esos dos gobiernos Pemex enteró al fisco más de 10 billones de pesos (Calderón, 5.1 billones; EPN, 5.4 billones) por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos. Aparte de eso, la ex paraestatal debió soportar el brutal incremento de su deuda y, por ende, de los intereses generados por ella misma. De diciembre de 2006 a igual mes de 2018, el pago de réditos se incrementó 500 por ciento, al pasar de 25 mil millones de pesos en la primera fecha citada a cerca de 128 mil millones en la segunda.

Pero es hasta ahora que dicen no estamos de acuerdo. Por ejemplo, a finales de enero pasado Fitch estimó que para reflotar a la empresa se necesitarían entre 9 mil y 14 mil millones de dólares de inversión adicional anual. Sin embargo, dos semanas después, sin más, incrementó a entre 12 mil y 17 mil millones de dólares el monto para alcanzar el objetivo referido.

Las rebanadas del pastel

Eso sí, ninguna de las calificadoras insatisfechas ni de los bancos trasnacionales que no estamos de acuerdo con el plan gubernamental para Pemex menciona el problema más importante que hundió a la empresa del Estado: la corrupción. De eso, nada.

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