l gobierno venía encarrerado desde la elección de julio pasado. De inmediato tomó la iniciativa política ante el abandono ruboroso de la administración que aún estaba en funciones. Desde la toma de posesión, en diciembre, el ritmo aumentó y se acelera. Hay días en que parece que las posturas que se adoptan, las declaraciones que se hacen y las acciones que se emprenden suceden de modo vertiginoso.

Ciertamente, algunas iniciativas han sido contundentes, como es el caso de la cancelación del aeropuerto en Texcoco o las primeras acciones en contra del huachicol. Otras no han podido impulsarse con la celeridad que desearía el Ejecutivo, como sucede con la Guardia Nacional.

Formar un gobierno no es fácil, por supuesto, pero da la sensación de que algunas decisiones ameritan mayor atención de la que se les ha dado. Esto exhibe, a las claras, el modo en que se conciben los problemas por enfrentar y las prioridades políticas que se van estableciendo, sin embargo, deberían atenderse de mejor manera para evitar fricciones que desgastan el ejercicio de las políticas públicas. Esto ya se ha visto en varias ocasiones.

Tan sólo en los días recientes hubo una situación torpe e innecesaria en el campo de la promoción de la ciencia, con la formación del equipo de trabajo de la nueva dirección del Conacyt. Es una mala marca de inicio, que le costará mucho esfuerzo superar. Otra menos sonada pero no irrelevante fue el de la Biblioteca Vasconcelos.

Habría que evitar que se cumpla una sentencia del campo de la administración, según la cual las burocracias no suelen responder a la lógica, sino únicamente a las presiones. El gobierno se ha impuesto un caudal de apremios y destina mucho tiempo en dar explicaciones y reacomodarse. Tiende a erosionarse en combates prescindibles. El tema de las guarderías, por ejemplo, apunta en esa dirección.

El asunto de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos expuso la dificultad de homologar los estrictos criterios de moralidad que ha fijado el Presidente. En una sociedad que por experiencia responde acremente en contra de los privilegios excesivos de quienes gobiernan, legislan y juzgan, tiende a crearse un prejuicio en el que se complica la consideración del patrimonio de las personas. No todos abusan o delinquen, aunque haya muchos que lo hagan.

En la muy cercana relación que hay entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, las declaraciones del presidente del Senado respecto de los órganos reguladores es llamativa y no puede desestimarse. Esos órganos existen por ley y descalificarlos desde la tribuna no abona para fortalecer el entorno legal que es necesario recrear en el país. Así, hay reguladores que gustan y otros que no, que estorban, cuando la actividad política debería reordenar sus funciones para cumplir mejor con la actividad de gobernar.

El gobierno no lo sabe todo, no tiene toda la verdad y el riesgo que se puede manifestar es el que señaló Voltaire: Es peligroso estar correcto cuando el gobierno está equivocado. Hay quienes saben más de muchos asuntos que el gobierno y activistas de la sociedad civil que no deberían ser desacreditados de un plumazo y demonizados como se ha hecho, pues es un acto de exclusión que en una sociedad abierta no puede promoverse.

La condición de las empresas públicas es una cuestión muy sensible para esta sociedad. En el campo de la energía –Pemex y CFE– se ha expuesto el gran conflicto creado en torno a la administración y la apropiación de los recursos que administran. No fue afortunada la comparecencia del director de la CFE para plantear tal situación. Hay que pasar de la etapa de los señalamientos personales a la aplicación de la ley y las responsabilidades. El ámbito energético es muy amplio, complejo y determinante de las posibilidades de desarrollo. Hay que apuntar directamente a la regeneración de esas empresas y la utilización racional, integral y productiva de los recursos. Hoy, no hay una clara política energética en el país.

El Presidente criticó a quienes cuestionan la creación de la Guardia Nacional; señaló que aquéllos en realidad se oponen a la transformación que ahora se impulsa. Apeló así a una vieja discusión del movimiento revolucionario, de mitad del siglo XIX en Europa, que apuntaba a las limitaciones del pensamiento filosófico convencional: Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.

El pensamiento, por más claro que se tenga y se exponga, no equivale necesariamente a la acción. Ni uno ni otro garantizan el resultado esperado. La transformación política que se impulsa en el país requiere de ambos y también de acomodos.