a Guardia Nacional ha sido una institución peculiar en el derecho mexicano; en la práctica no ha tenido existencia real; ha pertenecido al mundo del deber ser. La encontramos en el texto de la Constitución de 1917, aún vigente pero en vías de ser modificada. El artículo 31 incluye en las obligaciones de los mexicanos, el alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la Ley Orgánica respectiva, que por cierto deberá respetar el derecho de sus integrantes a elegir por votación a jefes y oficiales; su finalidad es asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como mantener la tranquilidad y el orden interior.
La iniciativa que aun se discute en el Congreso de la Unión crea una institución con el mismo espíritu histórico de la actual Guardia Nacional, pero con otra estructura; también busca para México seguridad y orden, y la institución propuesta ahora tendrá como misión combatir a la delincuencia que, además de organizada, está muy bien armada y equipada. El Presidente de México retomó el concepto y propuso la creación de un cuerpo de policía que estará integrado inicialmente por elementos de la Policía Militar, la Policía de Marina y la Policía Federal.
En contra de la iniciativa se levantó una oleada de críticas muy bien orquestada, que permite traslucir que se cuenta con comunicadores contratados, a los que se han sumado también críticos espontáneos. El argumento de la oposición es muy simple: se repite hasta el cansancio que las fuerzas armadas no deben ser empleadas como policía; la misión de la milicia es derrotar al enemigo, eliminarlo, en tanto que la policía tiene funciones diferentes, de carácter civil: cuidar el orden y cuando mucho detener a los infractores para ponerlos a disposición de las autoridades de procuración de justicia.
Se dice que el nuevo gobierno surgido de Morena está violando la ley y genera peligro a las personas, así como un espacio propicio para la violación a derechos humanos. Soldados y marinos –clama el bien coordinado coro de críticos– no deben ser policías, eso va en contra de la Constitución; se militarizará al país, se quejan los sollozantes, es un paso a la dictadura –insisten–; es un aviso del uso indiscriminado de la fuerza y aun personas de buena fe aceptan como válida la reiterada consigna.
¿Cuál es la verdad? Durante los gobiernos de Felipe Calderón, quien declaró la guerra al narcotráfico y sacó a los soldados y marinos de sus cuarteles, y de Enrique Peña Nieto, quien siguió con la misma estrategia, militares y marinos han estado, aun ahora, enfrentándose a la delincuencia, en esta lucha han perdido a muchos de sus elementos; han puesto en juego su prestigio y no pocas veces causaron daños colaterales a ciudadanos inocentes; en una guerra, todos estamos expuestos a sufrir las consecuencias de la batalla, podemos ser víctimas colaterales, podemos ser confundidos por cualquiera de los beligerantes y nadie así, se encuentra seguro.
Durante estos dos sexenios, los que ahora critican la propuesta de la Guardia Nacional aplaudían que los soldados y marinos se hicieran cargo de enfrentar a las mafias de delincuentes organizados, lo justificaban diciendo que las policías estatales y municipales no estaban capacitadas ni contaban con el armamento, la disciplina y el mando unificado para cumplir esa misión.
El nuevo gobierno, frente a este panorama verdaderamente de terror, no tiene muchas opciones. Si regresa a los soldados a sus castillos y cuarteles, la población queda inerme ante la delincuencia, si los mantiene como están, las mismas críticas que hizo cuando fue oposición, se le revertirán y parecerá que inicia su gobierno con una incongruencia.
Con imaginación y valor, tomó una decisión sin duda atinada; no es un paso a más militarización, es iniciar el retorno a la civilidad en el combate a la delincuencia, pero sin poner en un grave riesgo a la población. Si hubiera sin más retirado a los soldados de las calles, las críticas serían aun más estridentes y los delincuentes campearían a sus anchas en todo el país.
Se buscó un justo medio, se dio un paso en el sentido correcto: quienes integrarán la Guardia Nacional provienen de las fuerzas armadas, es cierto, pero no son sólo soldados, dentro de la milicia son además policías, tienen la capacidad técnica para enfrentarse a los delincuentes, pero también están preparados para guardar el orden, investigar los delitos bajo la dirección del Ministerio Público y para perseguir a los delincuentes.
Es un paso correcto hacia la civilidad y no hacia la militarización; la medida demuestra prudencia, visión de Estado y determinación para enfrentar uno de los problemas más difíciles del momento. Además, no es la única medida para combatir el crimen y la corrupción, es parte de una estrategia amplia, no sólo se perseguirá a quienes cometen delitos, se privilegia la prevención y no la represión, se toman medidas de justicia social, de educación y de rescate de valores éticos.
