Las violaciones a los derechos humanos en México crecieron en los pasados tres sexenios y se han convertido en un problema sistémico que trasciende a la inseguridad en el que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto civiles como militares, advierte una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

El documento, realizado a partir de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que entre 2000 y 2018, en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el número de quejas y recomendaciones ante ese organismo aumentó considerablemente de un sexenio a otro.

La investigación del IBD resalta que en ese periodo la CNDH registró un total de 130 mil 318 expedientes de queja y mil 285 recomendaciones por la presunta violación de derechos humanos.

Con Fox, el promedio anual de quejas fue de mil 168.5; con Calderón, de 7 mil 608.3, y con Peña Nieto, de 9 mil 197.3. El mayor número de recomendaciones se dieron en la administración calderonista, con 81.5 en promedio por año.

Otro hallazgo del IBD es que 88 por ciento de las quejas y 85 por ciento de las recomendaciones señalan a autoridades civiles como responsables de las violaciones, mientras las del Ejército y la Marina han ido disminuyendo en los años recientes.

Un hecho particularmente preocupante es que las instituciones más señaladas por violar derechos son también las que tienen a su cargo la satisfacción de necesidades esenciales, entre ellas la salud, la seguridad social y pública, la procuración de justicia, la educación y la vivienda.

La investigación del IBD resalta que, paradójicamente, en los años recientes ha disminuido de manera significativa el número de quejas y recomendaciones para el Ejército y la Marina, los más señalados en la actual coyuntura política por el tema de la violación de derechos humanos, no obstante que han ido en aumento su presencia, actividades y responsabilidades.

Particularmente, entre los periodos 2007-2012 y 2013-2018, el promedio anual de quejas contra el Ejército disminuyó casi en 60 por ciento, al pasar de mil 335.5 a 551.8 por año. La Secretaría de Marina, por su parte, pasó de tener 495 señalamientos en 2011 a un promedio anual de 267 quejas en los pasados tres años.

La investigación del IBD concluye que por su complejidad, magnitud y características, la crisis de derechos humanos en que nos encontramos constituye un problema del Estado mexicano que debe ser reconocido en todas sus dimensiones y atendido de forma transversal, sin minimizar la gravedad de los abusos cometidos por los elementos castrenses, pero ubicándolos en perspectiva, como parte de un problema global sobre el cual es necesario reflexionar.