De recuperar la razón y los derechos
l presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho: es absurdo e injusto que los apoyos al campo hayan sido entregados a la agricultura para la exportación y se haya marginado a los que serían garantes de nuestra soberanía alimentaria. ¿Esto quiere decir que la 4T enderezará el camino torcido que se dio hace nueve años a la inclusión de la cocina tradicional mexicana en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Ojalá.
Pero, expliquémonos: México no sólo es signatario de la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial (PCI) de 2003, adoptada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), sino que ratificó sus objetivos en 2006, a saber: identificar el patrimonio cultural inmaterial existente en nuestro territorio, tomar las medidas necesarias para asegurar su salvaguarda con políticas apropiadas y la mayor participación de las comunidades que lo han creado, lo mantienen y lo transmiten, implicándolas activamente en la salvaguarda
. El reconocimiento explícito del PCI es vinculante, es decir, compromete al Estado implicado a efectuar la salvaguarda propuesta, mientras la Unesco le provee asistencia.
La iniciativa (publicada en estas páginas en febrero de 2002) de presentar ante la Unesco las cocinas mexicanas como PCI, se basó en que nuestras cocinas valen dicho reconocimiento como parte de la creatividad humana en relación con la naturaleza, teniendo como base la milpa de cinco elementos básicos y un sinnúmero de productos locales asociados en policultivos, que dan su personalidad a cada cocina regional, por lo que su reconocimiento formal como patrimonio humano daría a México el argumento irrefutable para sacar la milpa del Tratado de Libre Comercio (como hizo Francia en su momento con su declaratoria de excepción cultural para defender sus artes visuales del mercado). Pero el grupo privado que se apropió de la iniciativa y luego de la declaratoria internacional, cambió el sesgo del compromiso dejando al margen la producción de los insumos sin los que no existen nuestras cocinas, y utilizó el prestigio de la Unesco para su propia promoción lucrativa, impidiendo (o retrasando nueve años) que los productos de la milpa y las cocinas que resultan de ellos retomen su lugar en la economía nacional y sean garantes de la soberanía alimentaria, el mercado interno, la transmisión de saberes y el orgullo identitario de todos nosotros.
Es ahora cuando las nuevas autoridades de la Secretaría de Cultura y de Relaciones Exteriores pueden recuperar la declaratoria de la Unesco mediante el derecho internacional, pugnando asimismo por incluir la milpa en la Constitución como excepción cultural, perteneciente a todos los mexicanos y en primer lugar a quienes le dan sustento cotidiano.
