En la Cámara de Diputados se realizó un foro sobre el panorama de las cirugías plásticas en México y la ilegalidad en su práctica, lo cual generó reclamo por la poca transparencia en el uso de recursos del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), encargado de certificar –con el pago de 5 mil pesos– a cada uno de los 140 mil médicos que se dedican a esa labor.

Desde 2011, con la promoción del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el Congreso aprobó una reforma a la Ley General de Salud con la cual otorgó al Conacem la atribución de calificar las capacidades profesionales de los médicos con esa especialidad.

Desde entonces, ese comité avala las pruebas que aplican los 47 consejos (integrados en torno a cada una de las especialidades), a los médicos que concluyen o practican cada una de ellas.

Esos consejos elaboran los exámenes y cursos que los médicos deben aprobar por un costo de 5 mil pesos cada uno.

En el auditorio sur del Palacio Legislativo de San Lázaro, la intervención de Onofre Muñoz, presidente del Conacem, generó polémica, pues al exponer la insensatez de una escuela en Veracruz, que otorga certificados para ejercer la cirugía estética en el país, su declaración le generó reproches de abogados que acudieron al foro.

El también titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se defendió, dijo que los recursos obtenidos se dividen entre los 47 consejos de especialidad, y apenas alcanza para el pago de renta, salarios y equipos.

En el encuentro se abordó la responsabilidad de la denominada Universidad Conde en la entrega de certificados –ilegales– que otorgan a médicos la maestría para ejercer como cirujanos estéticos. Esa práctica ha propiciado daños irreversibles a cientos de personas en distintos estados.

En entrevista, Muñoz respondió a las críticas y expuso la función del Conacem: “Es un organismo auxiliar del gobierno federal, el Estado mexicano le dio una denominación para que auxiliara en la certificación de los médicos especialistas. El Conacem regula y vigila, y los que certifican son los consejos de especialidades y a partir de 2011 se convirtió en un proceso obligatorio, y deben recertificarse cada cinco años y demostrar que mantienen sus habilidades y conocimientos.

–¿El Estado no lo puede hacer?

–Pues tiene que constituir un organismo semejante, lo cual es muy complicado. Para qué diseñar y organizar para cada especialidad médica a un grupo de expertos, si ya existe. Esto puso orden.

–Se critica el manejo de los recursos que se obtienen por la certificación de médicos.

–Pues mala información. Cada consejo obra por el proceso de certificación y mantenerlo cuesta: es rentar un sitio, buscarlo. En promedio se cobra entre 4 mil 500 pesos a 5 mil pesos cada cinco años, si lo divide entre cinco, pues dónde están los millones. Los consejos viven de las cuotas que les cobran a los sustentantes. Estas cifras de cientos de millones pues de dónde salen.

–¿Cuantos médicos se certifican?

–Deben certificarse todos los especialistas. Son 140 mil los que están trabajando y 123 mil están certificados, y quienes lo han hecho en los recientes años son 103 mil. Nosotros tenemos el mandato de la ley que dio la Cámara de Diputados en 2011 y nos hemos dedicado a cumplir con ella. Si la ley se va a modificar para que otro organismo se dedique a hacer esto, lo contestaremos en su momento.

–¿Están abiertos a una auditoría?

–Si se meten en la página del Conacem ahí viene un estado de cuenta anual. Hay mala información, alguien dio una cifra mal. En 2018 ingresaron 10 millones de pesos y gastamos 10 millones 700 mil. No es un negocio esto. Cuesta trabajo mantener el sistema. Las cuotas que se cobran son para pagar oficinas, diseño de exámenes y renta de espacios.