En México siguen pendientes reformas legales que permitan el pleno cumplimiento de convenios internacionales en pro de los derechos de la clase trabajadora, algunos de los cuales, a pesar de formar parte de iniciativas legislativas, se han quedado congelados en el Congreso de la Unión, señala el informe Aplicación de las normas internacionales de trabajo 2019, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El documento agrupa las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que es un órgano independiente conformado por juristas para examinar la aplicación por los estados miembros de los convenios y recomendaciones de la OIT, dependiente la Organización de Naciones Unidas.

Dentro del apartado sobre México, recalca que ha pedido desde hace muchos años al gobierno que tome medidas para modificar disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como la prohibición de que coexistan dos o más sindicatos en una misma dependencia federal, la negativa a los afiliados de dejar de formar parte del gremio en el que se encuentran, o el rechazo a que los sindicatos de funcionarios se adhieran a organizaciones obreras o campesinas.

También pide que se modifique la referencia a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado como única central sindical reconocida por el Estado, así como la declaración legislativa de monopolio sindical en favor de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios.

En respuesta, el gobierno federal, sin detallar si se refiere a la presente administración o a la anterior, recalcó que existen hasta 10 iniciativas en la Cámara de Diputados para atender estos temas, las cuales siguen pendientes de aprobarse.

Además, la administración federal señaló que por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación algunas de las mencionadas restricciones legislativas a la libertad sindical de los funcionarios públicos no se aplican.

Sin embargo, la comisión de expertos reiteró la necesidad de asegurar la conformidad de las disposiciones legislativas con el convenio.