as instituciones de educación superior (IES) públicas de México –universidades, tecnológicos, normales e interculturales– tienen historias, tradiciones, orientaciones académicas, regímenes legales y fines diferentes. Algunas son centenarias y otras fueron establecidas en las pasadas décadas. Casi todas desarrollan actividades de docencia, investigación y extensión en distintos grados, con propósitos más o menos especializados, con proyección y alcances nacional, estatal, regional o local.

Constituyen un proyecto cultural y educativo excepcional, construido a lo largo de la historia y hacen grandes aportaciones al país. En el ciclo escolar 2017-2018, las IES públicas atendieron a más de 2.8 millones de estudiantes y otorgaron más de 320 mil títulos, cerca de 70 por ciento de los conferidos a escala nacional. Además, atienden a más de 25 mil estudiantes de doctorado y en este ciclo graduaron 4 mil 200 doctores, 60 por ciento del total nacional.

La UNAM, otras universidades públicas federales junto con el IPN, y las públicas de los estados (UPES) realizaron más de 75 por ciento de la investigación nacional. Entre 1991 y 2018, las IES públicas han recibido 32 por ciento de las patentes aprobadas a instituciones de docencia o investigación. Publican más de 5 mil títulos al año, arriba de 20 por ciento de la producción editorial mexicana.

Históricamente han sido referentes de las luchas contra el autoritarismo, por la democracia y el cambio social. Desde 1929, destacaron por la huelga que devino la autonomía, la defensa de la educación popular en el IPN y las normales en los años 40 y 50; luchas universitarias en la década de los 60 y el movimiento estudiantil de 1968. Siguieron proyectos de democratización y construcción del sindicalismo universitario en los años 70; resistencia contra el ajuste estructural y las políticas neoliberales en los decenios de los 80 y los 90, y amplia participación por la democracia electoral en 1988, 2012 y 2016.

En el debate actual sobre el artículo tercero hay tres temas fundamentales para las IES públicas. En primer lugar, es imprescindible resarcir la omisión, por error o intención, de la actual fracción séptima que garantiza la autonomía universitaria. Este texto da jurisdicción federal a las atribuciones autonómicas –autogobierno e independencia– de las universidades que tienen esta condición. Además, reconoce y protege los derechos laborales de trabajadores académicos y administrativos, en el contexto del apartado A de la Ley Federal del Trabajo.

La autonomía es un derecho y una responsabilidad de las universidades y los universitarios. Es la máxima garantía para que las IES públicas cumplan con sus funciones y su compromiso social, a partir del análisis, la elaboración de alternativas y la crítica, fundadas en el conocimiento.

Sostengo que la autonomía debe servir para promover la obligatoriedad y la gratuidad, no para evadirlas. Por ello es necesario establecer en el segundo párrafo del artículo tercero que la educación superior pública, incluyendo la que se imparte en las instituciones públicas a las que la ley otorga autonomía, serán gratuitas y obligatorias.

Desde hace décadas miles de jóvenes han luchado por el acceso a la educación superior. La obligatoriedad atiende esta demanda. Implica, en la educación superior, una responsabilidad sólo para el Estado, no para los padres ni los educandos. Se trata del imperativo de atender a todos los que la quieran estudiar, habiendo cubierto el ciclo escolar anterior.

Han sido también históricas las luchas en defensa de la gratuidad, en la UNAM y en otras universidades del país. La iniciativa del Ejecutivo atiende estas demandas históricas por la gratuidad y el acceso a la educación superior pública.

Estos objetivos no son fáciles de cumplir. En 2018 había 4.2 millones estudiantes en la educación superior, 38.4 por ciento del grupo de edad entre 18 y 22 años. Para alcanzar una cobertura equivalente a 50 por ciento en 2024, es necesario incorporar a más de un millón de estudiantes a la matrícula actual, un incremento de 170 mil por año. La inversión para alcanzar esta meta es de 7 mil a 10 mil millones de pesos adicionales cada año. Y el costo para resarcir a las IES públicas el monto de las cuotas que dejarán de percibir por la gratuidad es de otros 14 mil millones.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen que ser coherentes. Aprobar la gratuidad y la obligatoriedad implican un compromiso de financiamiento suficiente para la educación superior pública. Si esto no se cumple, la gratuidad y la obligatoriedad serán letra muerta en el texto constitucional.

Así, las instituciones superiores publicas seguirán siendo la mejor garantía para la formación profesional y ciudadana de cientos de miles de jóvenes, así como para la creación de conocimientos y proyectos de bienestar, con capacidad crítica y autonomía intelectual. Por ello, son imprescindibles para transformar y para construir un nuevo proyecto económico, político y social en México.

Resumen de ponencia sobre normales y educación superior, en referencia a la reforma del artículo tercero