a autonomía universitaria es el resultado de un largo anhelo que inspiró a miles de jóvenes en toda América Latina hacia finales de los años 20 del siglo pasado. Es también una condición en extremo sensible para todos los universitarios, pues es sinónimo y garantía de libertad e independencia ante el poder del Estado.

En México, la autonomía no fue, en modo alguno, un regalo o una concesión del Estado a la universidad pública; por el contrario, es una conquista de los universitarios ganada en las calles, incluso a balazos, hace exactamente 90 años.

Es por esto que no resulta extraña ni exagerada la preocupación manifiesta de los universitarios sobre la iniciativa de reformas al artículo tercero constitucional enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que sustrae el texto completo de la fracción séptima, con lo cual se desconoce el derecho de las universidades a la autonomía.

La condición autonómica, de la que jurídica y constitucionalmente gozan hoy muchas de las universidades públicas, es sin duda uno de los más importantes logros de la posrevolución, que permitió construir en las universidades los espacios de libertades y reflexión propicios para el pensamiento y las ideas; la generación y difusión del conocimiento; la creación artística y la recreación.

De acuerdo con el diccionario, la autonomía es la potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades de regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. Es decir, esto implica una capacidad no arbitraria, ni inventada, sino un derecho avalado por el Estado mexicano.

Al estar constituida como una entidad autónoma, con los órganos de gobierno que libremente se ha dado, la universidad pública tiene, sin embargo, una autonomía frágil y vulnerable, como ha constado en numerosos episodios lamentables de la historia, donde la injerencia del Estado y de agrupaciones políticas o sociales ha buscado someterla a intereses ajenos a su quehacer académico y a su forma de gobierno.

Estos embates contra la universidad pública ocurren en el ámbito nacional, pero son más palpables en universidades de los estados del país, donde no pocos gobernadores sucumben con frecuencia a la tentación de irrumpir en esos espacios donde les incomoda el pensamiento crítico que ahí se cultiva.

La autonomía universitaria es entonces, paradójicamente, una de las grandes fortalezas de la universidad pública y, al mismo tiempo, una condición de debilidad aparente ante la fuerza del poder, donde la única herramienta de defensa que posee es su autoridad moral.

La universidad pública autónoma cuenta con la capacidad de gobernarse a sí misma, de elegir libremente a sus autoridades, de ejercer su presupuesto conforme a sus prioridades académicas, pero sobre todo orientado a satisfacer las demandas y requerimientos del país o de la región donde se encuentra asentada.

No obstante, a mi juicio, lo más trascendente de la autonomía es la capacidad que se han dado las instituciones –aun con las deficiencias estructurales y carencias presupuestales que padecen muchas de ellas– para hacer efectivas la libertad de cátedra y de investigación, en espacios de respeto, igualdad e inclusión, donde no importan la ideología, la situación económica, la religión, la raza ni las preferencias sexuales.

Sin el afán de desdeñar las innegables aportaciones de las instituciones privadas, la universidad pública ha cargado con la delicada responsabilidad de formar a la mayor parte de los profesionales que el país ha requerido para enfrentar los grandes desafíos de la nación, y ha sido el mejor mecanismo de movilidad social entre los diversos sectores de la población.

En la cultura, la universidad pública autónoma ha favorecido la creación artística y logrado irradiar hacia la sociedad la música, las artes plásticas, la literatura, el teatro, la danza y el cine.

Es imprescindible, pues, que la universidad pública preserve la autonomía constitucional de la cual goza. Por eso es bienvenido el compromiso del Presidente de la República y de la dirigencia de Morena en la Cámara de Diputados de reparar íntegramente en el proceso legislativo la omisión del párrafo séptimo del artículo tercero constitucional.

Hay que cuidar, proteger y respaldar a la universidad pública y a sus libertades, porque, como dice don Miguel León-Portilla, uno de los universitarios más ilustres, nuestra autonomía es baluarte de una utopía realizada en el lugar donde florecen las ciencias, las humanidades y la creación artística.