a Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) –capítulo Nuevo León– ha estado circulando entre su membresía un documento titulado Estados Unidos debe pagar. Me parece un planteamiento interesante que aquí quiero comentar a partir de su mismo título. Se refiere ese documento a los daños que ha causado a numerosos países la potencia imperialista desde hace más de dos siglos mediante guerras comerciales y militares, y una rapiña sin límites de las finanzas de sus víctimas.

No se secaba aún la tinta con la que se redactó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas cuando ya Washington urdía con la derecha oficial una embestida a la oposición de izquierda en Grecia. Al revés de lo que hace ahora en la República Bolivariana de Venezuela. Le da propela a la derecha para derribar a un régimen de izquierda legalmente constituido. Su intervencionismo nunca ha cesado y ha sido responsable de crímenes no demasiado lejanos a aquellos que fueron juzgados y condenados en Núremberg.

El documento de los abogados cita el artículo cuarto de la Carta de las Naciones Unidas: Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Estados Unidos, sin duda, es reo impune de la infracción a esa norma. Su sinrazón, como también señala el documento, es la muy primitiva y contraria a las ideas de convivencia pacífica, buena vecindad y civilización: la ley del más fuerte. O de los más fuertes, pues con frecuencia se hace acompañar por algunos antiguos países coloniales y por la más atrasada y agresiva derecha de países del Tercer Mundo. Entre esos aliados ha logrado sumar al Parlamento Europeo. Una vergüenza que esta institución, órgano representativo de la Unión Europea (UE), haya tomado la decisión de reconocer al golpista que se autoproclamó presidente interino de Venezuela. Por cierto, Estados Unidos –si ese fuera el caso– no podría incorporarse a la UE por no cumplir con los requisitos de respeto a los derechos humanos, a la ecología y a otros cometidos que las naciones aspirantes a la Europa unida deben cumplir.

El ejemplo de abuso, saqueo y opresión de Estados Unidos es argumentado con la experiencia mexicana: el golpe de Estado y el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez fueron objeto de un pacto entre los militares Victoriano Huerta y Félix Díaz en la embajada estadunidense y frente al embajador Henry Lane Wilson. En este mes se cumplen 106 años de la llamada Decena Trágica y de su secuela, más trágica aún: la guerra civil entre diferentes fuerzas políticas. La conclusión de los abogados es puntual: Estados Unidos provoca los conflictos internos, les vende las armas a los bandos en pugna, y luego le cobra al bando que logra imponer los daños sufridos por los ciudadanos y las empresas del propio Estados Unidos. Para México con intereses demasiado altos: la prohibición de que el artículo 27 constitucional se cumpliera retroactivamente en perjuicio, sobre todo, de las empresas petroleras. No fue todo, según los Tratados de Bucareli, unos tratados que no se han dado a conocer, nuestra nación quedó obligada a no desarrollar su industria pesada, empezando por la industria automotriz.

El golpismo de Donald Trump se finca en una minúscula base electoral, dice el documento: el extravagante voto de 538 electores de electores, mismos que conforman el llamado Colegio Electoral. Una institución que se superpone al voto popular, y que no es sino el reflejo del poder de la minoría cada vez más reducida del capitalismo voraz que padecemos. El poder en pocas manos, la riqueza en pocas manos frente a una masa inmensa de familias cuya pobreza económica y ausencia de poder para decidir ha crecido y se ha decuplicado en las pasadas cuatro décadas. A esto le llama democracia y en su nombre comete todas sus fechorías.

La cuestión es ésta, según la ANAD: “todo aquel país que provoque, o promueva de cualquier forma una guerra comercial o armada, sin haber sido agredido, en contra de otro u otros, sin haber sido agredido, quedará sujeto al pago de los daños causados por esa intervención contraria a los principios y fundamentos de la Organización de las Naciones Unidas y del derecho internacional, pago para el cual se puede acudir a la Corte Internacional de Justicia, un organismo que debe funcionar con autonomía y al margen de un solo país o un grupo minoritario de países… Es justo, en este sentido, que Estados Unidos pague los daños causados a Venezuela a partir de la guerra comercial que le hace y de la guerra civil que ha sido promovida por sus agentes diplomáticos y encubiertos, y su amenaza de intervención armada en el espacio soberano de esta nación”.

No sólo atendible sino objeto de reflexión es el documento de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.