Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, dirigentes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’Pa (OPIM), desaparecieron la mañana del martes cuando huían rumbo a Chilpancingo luego de que la primera, integrante del concejo municipal de Ayutla de los Libres, recibió amenazas de muerte del crimen organizado, informaron fuentes oficiales y organizaciones no gubernamentales.

Desde la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hasta organizaciones oficiales y no gubernamentales de defensa de las garantías individuales exigieron a las autoridades federales y del estado localizar de inmediato y proteger a la activista y a su compañero.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recordó que Obtilia Eugenio Manuel rindió protesta el 29 de septiembre pasado como integrante del concejo municipal de autoridades comunitarias de Ayutla y posteriormente asumió la responsabilidad de enlace de la comisión de obras públicas.

La última ocasión en que se tuvo contacto con ellos fue a las 7:40 de la mañana del martes en el tramo carretero Tierra Colorada-Ocotito, rumbo a Chilpancingo, donde se reuniría con su esposo para viajar juntos a la Ciudad de México.

La desaparecida es originaria de Barranca Guadalupe, municipio de Ayutla. Desde muy joven participó en la lucha de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por elementos del Ejército Mexicano hace más de una década. Asimismo, se opuso a la esterilización forzada de indígenas en las zonas tlapaneca y mixteca de Ayutla de los Libres en 2002.

Ante los riesgos que enfrentó en 2009 por el caso Inés Fernández Ortega, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ordenó protegerla, pero en varias ocasiones el Estado mexicano ha solicitado eliminar las medidas cautelares, que siguen vigentes.

Manuel Vázquez, asesor del ayuntamiento de Ayutla de los Libres, manifestó que se intentó sacar a Obtilia de Guerrero debido a las amenazas de muerte. “Denunció que un funcionario encargado de obras está vinculado con el narco”.

Recientemente se descubrió que policías estatales asignados a su cuidado, como parte de las medidas cautelares, eran informantes de grupos de la delincuencia, por lo cual se pidió retirarlos. Se entregó un escrito a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, pero nunca hicieron caso, agregó.

Cuauhtémoc Ramírez, su marido, manifestó que el sábado pasado su esposa recibió amenazas telefónicas de presuntos miembros de la delincuencia organizada que se infiltraron en el concejo municipal comunitario de Ayutla de los Libres, quienes se oponían a obras que se realizaban en ese municipio de la Costa Chica de Guerrero.

Roberto Álvarez Heredia, vocero gubernamental, informó que “desde que se conoció su desaparición, el día 12, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno activaron los protocolos de búsqueda y localización, incluyendo el despliegue permanente de la fuerza de tarea en tierra y aire.

El gobierno del estado rechaza cualquier vinculación como responsable de estos lamentables hechos; por lo contrario, el 27 de octubre de 2018, en el acto conmemorativo del 169 aniversario del estado de Guerrero, reconoció la trayectoria de Obtilia Eugenio Manuel como defensora de derechos humanos al entregarle el Premio Estatal al Mérito Civil Indígena Cuauhtémoc por su destacada labor en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos originarios.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores. El ombudsman nacional solicitó al mandatario estatal su intervención inmediata para hallarlos. El organismo nacional dio a conocer que el gobernador externó toda su disposición para localizarlos.

La CNDH solicitó medidas cautelares adicionales en favor de los activistas y que las investigaciones ministeriales en torno a su desaparición tomen en cuenta su labor social, y que se mantenga informados a familiares sobre los avances y resultados obtenidos.

Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, resaltó que la OPIM es un referente histórico en la defensa de los derechos humanos en Guerrero. Ha acompañado a involucrados en casos de trascendencia no sólo nacional sino regional, particularmente en la defensa de mujeres indígenas. Debido a ello, han sido víctimas de varios ataques.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador; al gobernador Héctor Astudillo; a la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y a la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Carrillo, localizar y presentar con vida a los desaparecidos, cumplir cabalmente con las medidas de protección ordenadas por la Coridh, garantizar una investigación exhaustiva que dé con el paradero de los responsables de esta desaparición, en caso de haberlos, y que se detenga la violencia contra los defensores comunitarios de Guerrero.