Aunque la Iglesia católica en el país ha resistido en informar cabalmente a la población sobre los casos de abusos sexuales a menores cometidos por el clero, ayer la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) anunció que inició un camino a la transparencia, esto debido a los llamados del papa Francisco y a la cumbre sobre el tema que se realizarán en dos semanas en el Vaticano.

No obstante, luego de que el presidente de este organismo episcopal, Rogelio Cabrera López, dio a conocer el domingo pasado que en los pasados nueve años han sido retirados del ministerio sacerdotal 152 curas, la CEM aclaró que estos están relacionados con probables conductas cometidas en agravio a menores, sin especificar el delito ni en qué situación se encuentran.

Advirtió también que se reservarán los datos de las víctimas y de los agresores para no vulnerar los ordenamientos jurídicos ni revictimizar a los afectados así como poner en riesgo el éxito de las investigaciones, dejando libres a los responsables por violaciones al debido proceso. Lo anterior, agregó, de conformidad con la Constitución Política, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La CEM señaló que en los siguientes meses se continuará con el esfuerzo por tener el diagnóstico completo de casos en México, y con estas acciones esperan recuperar la confianza de los fieles.

Organizaciones que acompañan a las víctimas de pederastia clerical acusaron que la información proporcionada por la CEM hasta ahora es ambigua.

Joaquín Aguilar Méndez, director de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) México, dijo que si bien los inculpados tienen derechos también queremos saber qué hay más allá de ese número y de qué forma podemos nosotros colaborar para que se pueda ayudar a las víctimas.

Esta red tiene contabilizadas más de 500 víctimas desde 1960 y estima que el número de sacerdotes agresores puede ser similar.

En el país, según organizaciones, únicamente se conocen cuatro sentencias contra sacerdotes relacionadas con violación a menores las cuales se dieron en Oaxaca, Coahuila, Guanajuato y Ciudad de México.

Luis Ángel Salas Ramírez, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, recordó que existe otro proceso en San Luis Potosí el cual no se ha podido concretar la sentencia dado que el sacerdote acusado, Eduardo Córdova, está prófugo.

Tanto Salas Ramírez como el especialista en temas religiosos, Elio Masferrer Kan, pidieron la intervención de la Secretaría de Gobernación pues de acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas en su artículo 12 bis, es deber del clero denunciar los delitos que se cometan en ejercicio de su culto y en sus instalaciones.

Massferrer Kan añadió que el porcentaje de sacerdotes que cometen estos delitos hasta el momento sería de aproximadamente 1 por ciento pues en el país hay alrededor de 12 mil curas.

Jesús Romero Colín, sobreviviente de pederastia clerical, expuso que si se señala a la Iglesia católica por los casos de pederastia clerical es porque mantuvo un mecanismo de protección para estos sacerdotes.