Jesús Reyes Heroles González Garza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Felipe Calderón, afirmó que se reservará su derecho a presentar una demanda civil contra el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por haberle causado daño moral al difamarlo por su supuesta actuación en detrimento de la empresa del Estado.

En un comunicado que difundió en redes sociales, el ex funcionario señaló que Bartlett Díaz incurrió en falsedad al afirmar que él fue secretario de Energía y director de Pemex en la administración de Carlos Salinas de Gortari, y al señalarlo como titular de Energía en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Hasta el cierre de esta edición, la CFE no había hecho ningún comentario a la declaración del ex directivo de Pemex.

Reyes Heroles González Garza indicó que al dejar el servicio público, en 2009, no ejerció actividad profesional alguna relacionada con el sector energético durante más de un año, en cumplimiento con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

No existe conflicto de intereses entre mis actividades profesionales desde entonces, y siempre me he desempeñado bajo los principios éticos más rigurosos, aseveró, y consideró violatorio de su derecho a la libre profesión el señalamiento de su trabajo en los años posteriores a su desempeño como servidor público.

Es grave que un funcionario público de alta responsabilidad incurra en falsedad, causando daño moral al difamado, lo que está penado por la ley. Me reservo el derecho a presentar la demanda civil correspondiente. Es grave también que un funcionario público incurra en falsedad al afirmar hechos que sean inexactos o falsos, cuya divulgación cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada o imagen, apuntó.

Reyes Heroles González Garza solicitó además a los medios de comunicación que transmitieron o difundieron los señalamientos falsos de Bartlett Díaz que hagan las aclaraciones pertinentes, con base en la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica.

El ex funcionario aseguró que las afirmaciones arrebatadas erosionan la certeza jurídica de contratos con el gobierno mexicano y lesionan el patrimonio y la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.