El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió ayer en el Senado que expandir la esfera de influencia de las fuerzas armadas, no sólo al ámbito de la seguridad pública, sino al económico, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil.

El ombudsman manifestó su preocupación por la pretensión de que las fuerzas armadas, junto a la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, exploten y se beneficien de las actividades aeroportuarias, puedan adquirir bienes y contratar servicios en tales esferas, bajo el manto de la reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional.

Al participar en el segundo día de las audiencias públicas de parlamento abierto que debaten acerca de la creación de la Guardia Nacional, González Pérez advirtió ante senadores de todos los partidos que si les conceden poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, una vez superados los estados de emergencia nuestras fuerzas armadas ya no quieran renunciar a esas facultades.

Como se plantea, la creación de la Guardia Nacional no garantiza justicia. Se marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, pero se omite establecer claramente una ruta en sentido contrario, destacó González Pérez.

El director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, pidió rechazar cualquier proyecto que militarice la seguridad pública, en forma temporal o permanente, y recordó que los legisladores están obligados a impedir una atrocidad jurídica que ponga en riesgo las garantías.

Guevara refirió que el modelo de seguridad propuesto por Morena descansa en instituciones integradas por cientos o miles de funcionarios involucrados en hechos delictivos, como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, delitos contra la salud y corrupción.

Acusó a integrantes de las fuerzas armadas de cometer delitos graves relacionados con la producción y el tráfico de drogas.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección México, resaltó: “Cuando pensábamos que no había nada peor que la ley de seguridad interior llegó la Guarda Nacional. Cuestionó: ¿Por qué se piensa que con las fuerzas armadas podemos tener mejor seguridad pública? ¿Por qué el Estado mexicano desoye las recomendaciones internacionales? ¿Por qué se piensa que las fuerzas armadas ahora sí van a respetar los derechos humanos?

En contraparte, Hipólito Mora, líder de autodefensas en Michoacán, y el sacerdote Alejandro Solalinde pidieron a los senadores aprobar la Guardia Nacional.