l gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador denunció contratos leoninos, firmados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en administraciones pasadas en favor de consorcios trasnacionales y nacionales (los de siempre), pero de inmediato algunos de los implicados se lavaron las manos.

El director general de dicha empresa pública, Manuel Bartlett, lo resumió así: Actualmente hay contratos con las empresas IEnova, Carso y Transcanada que amparan siete ductos que no operan, pero que tienen cláusulas que obligan a la comisión a pagar a pesar de no recibir el suministro de gas. La CFE lleva pagados el año pasado 5 mil millones de pesos y este año, de no negociarse los contratos, estaría desembolsando otros 16 mil millones de pesos. Por este alquiler llevamos cubiertos, desde 2015, 62 mil millones de pesos, y seguirá así pagándose hasta llegar a 70 mil millones de dólares. De continuarse esos contratos, la comisión está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos gastos verdaderamente exorbitantes.

Los tres consorcios privados rápidamente negaron responsabilidad y adujeron razones de legalidad y fundamentos de transparencia en todo el proceso que las condujo a ganar cada una de las licitaciones de las que ahora son beneficiarias, es decir, cobrar sin dar el servicio.

Uno de esos consorcios, IEnova (filial de la estadunidense Sempra Energy), reclamó que el gasoducto a su cargo –que debe dar servicio a la CFE– fue interrumpido por actos de sabotaje sufridos en el ducto en agosto de 2017; los hechos fueron denunciados ante las autoridades federales ylocales.

Desde entonces la CFE no obtiene lo acordado contractualmente con IEnova, pero ésta, basada en ese mismo contrato, no ha dejado de cobrar, aduciendo razones de sabotaje. Sin embargo, el consorcio tiene memoria de conveniencia, porque el sabotaje fue resultado de su incumplimiento al ordenamiento legal que le impedía continuar con la construcción del gasoducto.

Y como recordar es vivir, va la información publicada por La Jornada (8 de junio de 2017), bajo la firma de la corresponsal Cristina Gómez Lima: Integrantes de la tribu yaqui opositores al gasoducto Sonora se enfrentaron ayer con empleados de la trasnacional IEnova, que realiza la obra a pesar de que un fallo del tercer tribunal colegiado le prohibió continuar.Autoridades del pueblo Loma de Bácum, inconformes con el gasoducto, entraron al área de construcción y usaron sus cuerpos como escudos para impedir que las máquinas siguieran con las excavaciones en sus tierras.

Hace algunos días, los yaquis saquearon la tubería y los cables que IEnova llevó a su territorio. La empresa exigió al gobierno que enviara a la Policía Federal; en respuesta, alrededor de 50 patrullas resguardan las pertenencias de IEnova en territorio yaqui.

El 26 de abril (2017), el juez encargado del caso ordenó a IEnova parar las obras e inició un juicio para sacar los tubos. Los yaquis defenderán de delincuentes y asesinos el respeto a sus derechos y a su nación. Rodrigo González, representante legal de la etnia, indicó que IEnova se ha contradicho en varias ocasiones: primero sostuvo que la obra no había sido interrumpida por yaquis; luego, que tenía gas en los tubos y requería protección.

La empresa llegó a este punto de enfrentamiento por ahorrar dinero. Al comienzo del proyecto presentaron dos trazos: el que no atravesaba el territorio étnico, que costaba 400 millones de pesos, y el que pone en riesgo la vida de los yaquis, 100 millones. Ahora que se atengan a las consecuencias, expresó.

Tiempo después, la CNDH emitió una recomendación dirigida al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, por violar el derecho a la consulta previa, libre e informada (de la construcción del gasoducto) de las comunidades indígenas del pueblo mayo y la tribu yaqui.

Las rebanadas del pastel

Queda claro, pues, que los delincuentes son los de cuello blanco, no los yaquis.

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