Toluca, Méx., Un mes después de que un magistrado de segunda instancia dejó sin efecto la sentencia de 50 años de prisión en contra de tres indígenas nahuas de la comunidad San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, y de que se ordenó reponer el proceso por homicidio, este martes por fin se les asignó un abogado defensor hablante de náhuatl.

El Poder Judicial del estado de México informó que Alfonso Isabel Cóyotl Velázquez asistirá a los acusados. Fue citado para este miércoles al mediodía en el juzgado primero penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca, en Almoloya de Juárez, para aceptar el cargo.

Cóyotl Velázquez conoce además los usos y costumbres de la comunidad, como ordenó un magistrado de segunda instancia y recomendó la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahora falta que el juzgado fije la fecha de la audiencia para reiniciar el proceso desde la etapa de declaración preparatoria.

Pobladores de Tlanixco fueron acusados de la muerte de Alejandro Isaak Basso, empresario español que representaba a floricultores de Villa Guerrero y quienes disputaban con Tlanixco las aguas del río Texcaltengo. El primero de abril de 2003 Isaak Basso fue hallado sin vida en una barranca.

La entonces procuraduría estatal (hoy fiscalía) acusó de homicidio a seis integrantes del Comité de Agua de Tlanixco con pruebas genéricas y sin imputaciones directas, según Antonio Lara, integrante del equipo de defensa de los indígenas.

En 2006 tres de los acusados (Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y Rómulo Arias) fueron sentenciados a 50 años de prisión y tres recibieron la misma sentencia en 2017 (Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez), pero se les anuló la condena en enero pasado y se ordenó la reposición del proceso.

El expediente fue revisado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y otras organizaciones internacionales, las cuales constataron que el juicio fue irregular.

El Congreso del estado de México aprobó a finales de enero un exhorto a la Fiscalía General de Justicia local para que se desistiera de la acción penal en contra de los pobladores de Tlanixco y se les liberara, por no existir pruebas contundentes.