Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adelantó que la Fiscalía General de la República iniciará la reconstrucción del caso de presuntos sobornos por parte de Odebrecht, el asunto de corrupción más importante de América Latina, debido a que hubo un manoseo indebido de la administración pasada.

Reconoció que México y Venezuela son los únicos dos países en los que no se ha procesado penalmente a nadie ni se han aplicado sanciones administrativas a servidores públicos por la presunta entrega de dádivas a cambio de contratos para construir obras.

En 2018, un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Odebrecht hizo pagos por alrededor de 788 millones de dólares asociados a más de cien proyectos en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela; en África, en Mozambique y Angola.

En entrevista con Televisa para hablar sobre su libro Sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo”, Nieto expresó que en concreto Emilio Lozoya Austin necesitaría estar procesado penalmente y los jueces determinar lo que corresponda conforme a derecho.

Sobre la interrogante de si el ex presidente Enrique Peña Nieto también debería estar bajo proceso, opinó que se requiere una investigación para saber si el dinero fue a las campañas y si hubo cohecho. Reiteró que entre los personajes que deberían ser procesados están Lozoya y su círculo de funcionarios más cercanos.

Señaló que el propio Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, iniciará la reconstrucción del caso de corrupción más importante de América Latina, pues hubo un manoseo indebido por parte de la administración de procuracion de justica durante el último año de Enrique Peña Nieto.

Comentó que hay una fiscalía autónoma que tiene un nuevo marco normativo y cuenta con nuevas facultades, por lo que le tocará a Gertz Manero y a las fiscalías desarrollar esta actividad.

En tanto, Nieto informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado 16 denuncias relacionadas con el robo de hidrocarburos, pues hay casos de gasolineras en Tamaulipas que desde 2016 no compraban combustible a Pemex, pero seguían funcionando.

Precisó que han encontrado con ese problema a por lo menos 55 estaciones de servicio en los estados de México, Puebla, Hidalgo, Guanajuato y Tamaulipas, así como de distintos grupos gasolineros.

Sobre el caso de la empresa Hidrosina, dijo que ellos promovieron un amparo y un juez les otorgó la suspensión provisional, tras lo cual se difirió la audiencia en la que se iba a dictar o no la suspensión definitiva del caso, por lo que se aseguraron 38 cuentas directas y 177 indirectas por alrededor de 900 millones de pesos a partir de este tema; pero aclaró que Hidrosina es sólo un componente de 12 consorcios que se investigan, de los cuales se reservó los nombres.

En relación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacó que el Presidente de la República anunció la necesidad de generar una investigación referente a una serie de contratos y a un grupo de servidores públicos que comprometieron a la empresa productiva, ante lo cual ya trabajan para ver si hay operaciones de lavado de dinero o de cualquier otro de los 21 delitos de su competencia.

Desarrollamos investigaciones y trabajamos con la CFE a fin de determinar responsabilidades.

Adelantó que trabajan en una evaluación nacional de riesgos que no se hacía desde 2016, pues hay indicios también de la operación de sindicatos que reciben dinero en efectivo.