La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Michoacán en contra de los llamados superdelegados del gobierno federal.

El gobernador Silvano Aureoles interpuso el recurso mediante su consejero jurídico para impugnar diversas normas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre de 2018.

Se admite a trámite la demanda que hace valer quien se ostenta como consejero jurídico del Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, se lee en la lista de notificaciones de la SCJN.

El expediente fue turnado al ministro Luis María Aguilar Morales, quien se encargará del proyecto de resolución; mientras tanto, tendrán 30 días hábiles las cámaras de Diputados y Senadores, así como el Poder Ejecutivo Federal para contestar a la Suprema Corte de Justicia.

Se requiere a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso para que al dar contestación, por conducto de quienes legalmente las representan, envíen a este alto tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como por el que se reforma el artículo 21 de la referida ley, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates.

“Se requiere al Poder Ejecutivo federal para que, en el plazo indicado con antelación, envíe a este alto tribunal un ejemplar del Diario Oficial de la Federación en el que se hayan publicado las normas controvertidas en este medio de control constitucional”, señala.

De acuerdo con los argumentos del gobernador, la figura del superdelegado (que sustituye a todos los representantes de cada una de las secretarías de Estado) viola la Constitución al invadir competencias de los poderes estatales, legal y democráticamente establecidos.