n su efímero paso por la Secretaría foxista de Energía (de septiembre de 2003 a junio de 2004), Felipe Calderón no hizo otra cosa que armar su candidatura a Los Pinos y favorecer a las empresas trasnacionales del ramo, para que éstas, según decía por aquellos ayeres, complementaran la generación de energía eléctrica (en paralelo a la Comisión Federal de Electricidad, CFE) y tuvieran plena certidumbre jurídica de sus inversiones, porque –decía– a nadie conviene una legislación que suponga riesgos.

Dieciséis años después, los mexicanos han sido informados que por certidumbres, como la que exigía el tal Jelipe, se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos para favorecer a particulares (AMLO dixit), y ejemplo de ello son siete gasoductos que no están en funcionamiento, concesionados a la iniciativa privada, por los que la CFE tiene que pagar, aunque no estén en servicio y que en el mediano plazo representarán una erogación de 21 mil millones de dólares para la CFE.

De ese tamaño es la certidumbre jurídica que los gobiernos neoliberales otorgaron a las empresas trasnacionales, y una que otra nacional, que llegaron a México (versión oficial) a complementar la generación de energía eléctrica, con el plus de que esos mismos corporativos emplean a los ex funcionarios (incluido el inquilino de Los Pinos), que les abrieron las puertas y cuidaron sus inversiones.

¿Y quiénes son los cuidadores del capital trasnacional que inmediatamente después de dejar el hueso público se emplearon en las empresas privadas que defendieron? Son muchos más (y no sólo en el sector eléctrico), pero en la mañanera de ayer el titular de la CFE, Manuel Bartlett, divulgó la siguiente relación:

Carlos Salinas Gortari, promotor de la primera ley que permitió a la iniciativa privada la participación en un mercado exclusivamente atendido por la empresa pública CFE; José Córdoba Montoya, ex jefe de la Oficina de la Presidencia en tiempos de CSG; Jesús Reyes Heroles González Garza (secretario de Energía con Zedillo y director de Pemex con Calderón); Carlos Ruiz Sacristán (director de Pemex y secretario de Comunicaciones y Transportes con Zedillo).

También aparece el inefable Luis Téllez (jefe de la Oficina de la Presidencia y secretario de Energía con Zedillo, y de Comunicaciones y Transportes con Fox; hoy cabeza visible de la Bolsa Mexicana de Valores); Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE en tres sexenios (Zedillo, Fox y Calderón).

Y, desde luego, el mismísimo Felipe Calderón, secretario de Energía con Fox e inquilino de Los Pinos; junto con él, Georgina Kessel, titular de Energía y posterior directora de Banobras; Jordy Herrera Flores, en la misma posición con idéntico personaje, y Alejandro Fleming, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos cuando el tal Jelipe fue titular de la Sener.

Todos tuvieron que ver con la política pública del sector energía, y todos, ahora, trabajan para las empresas –especialmente la española Iberdrola– que le clavaron el colmillo a ese jugoso negocio, con contratos leoninos promovidos y otorgados por sus ahora empleados. A estas alturas, dichos consorcios generan 50 por ciento de la energía eléctrica del país, en detrimento de la CFE, porque así lo decidieron los personajes citados.

Lo que llama la atención es que Bartlett dejó fuera de la relatoría a otro implicado en el desplome de la CFE, el priísta Enrique Ochoa Reza, ex director de la ahora empresa productiva del Estado, aunque él se refugió en la Cámara de Diputados, fuero incluido.

En su Prospectiva del sector eléctrico 2010-2025, la Secretaría de Energía, entonces a cargo de Georgina Kessel, estimó que para el segundo de los años citados alrededor de 75 por ciento de la generación eléctrica en México correspondería al capital privado. Les faltó tiempo.

¡Qué cosa! Los gobiernos neoliberales no dejaron piedra sobre piedra.

Las rebanadas del pastel

Algunos de los personajes citados ya patalearon: niegan y piden pruebas, pero, como dice el clásico, los acusan de ladrones, no de pendejos.

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