spaña parece avanzar hacia la derecha extrema, incorporando más elementos de inestabilidad en la Unión Europea. Decenas de miles de personas, portando banderas españolas, se concentraron el pasado domingo en Madrid, clamando contra la traición
de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, del Partido Socialista Obrero Español.
Como siempre ocurre, los convocantes, los partidos Popular, Ciudadanos y Vox, las derechas y las extremas derechas hablaron de 200 mil manifestantes y el gobierno dijo que habrían sido 45 mil; los manifestantes lanzaron el grito facha de ¡Viva España!, defendieron la unidad de España
, reprobaron al presidente Sánchez por negociar con los independentistas catalanes, y demandaron el adelanto de las elecciones presidenciales. En tanto, Sánchez ha defendido que el gobierno trabaja para unir a los españoles y no para enfrentarlos
, mediante el diálogo y la negociación. Un mar de contradicciones.
Sánchez en realidad intenta negociar los presupuestos del Estado con el independentismo catalán. La división de los escaños en el Congreso de los Diputados es tan amplia, que el gobierno requiere de los nueve votos del ERC (Esquerra Republicana) y los ocho del PdeCat (Partido Demócrata Europeo Catalán), ambos independentistas, para poder alcanzar la mayoría simple dentro de un total de 350 votos, y obtener así la aprobación de los presupuestos. Hay minorías aún menores en el congreso, que también le hacen falta a Sánchez.
De cara al avance de las derechas, el gobierno de Sánchez hubo de declarar el viernes pasado que el diálogo con los independentistas tiene líneas rojas
. Por la voz de la vicepresidenta Carmen Calvo, el gobierno dijo que el límite es el derecho a la autodeterminación; este gobierno no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación
. El mensaje se produjo cuando ya estaba convocada la concentración de Madrid que, para las derechas, fue un éxito.
La respuesta de los independentistas a esa postura del gobierno fue endurecer los términos de la negociación de los presupuestos. El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, afirmó el pasado lunes que los partidos independentistas no darán un cheque en blanco
al gobierno con respecto a los presupuestos, ni se dejarán condicionar por la espada de Damocles de que viene la derecha reaccionaria
si no se aprueban.
Sánchez, de este modo, está siendo conducido al callejón del llamado a elecciones, cuando la marea de las derechas está al alza. Como es sabido, el gobierno de Andalucía, que era una fortelaza aparentemente inexpugnable del PSOE, ha sido ganado por la extrema derecha de Vox. Durante 40 años el PSOE había gobernado prácticamente en línea continua en esa comunidad autónoma.
La crispación y la polarización sociales y políticas avanzan con viento intenso de derecha. Pese a esos vientos, todo parece indicar la imposibilidad de ninguno de los bloques, de derecha y de izquierda, en el Congreso de los Diputados, para alcanzar mayorías cómodas para gobernar.
Los problemas de la coyuntura española son polvos de aquellos lodos estructurales no completamente resueltos en relación con el pacto de gobernanza plasmado en la Constitución de 1978. O, en todo caso, el pacto de entonces está agotado en aristas clave de la constitución geográfico-política del Estado español. El caso de Cataluña, hoy es el más candente. Diversos ensayos de historiografía reciente muestran que el acuerdo del Estatuto de Cataluña fue negociado entre Madrid y una élite que no reflejaba el consenso real de los catalanes. Ese hecho se ha expresado numerosas veces y hoy es políticamente intenso. En su último referéndum, los independentistas alcanzaron cerca de 49 por ciento de los votos, y la mayoría en el congreso local. La voz de las derechas nacionales está por negarles absolutamente el más mínimo derecho a expresar y luchar por sus posiciones a los catalanes independentistas, pero el PSOE también está en esa posición. Sólo la confederación política organizada en torno a Podemos propone negociar un nuevo Estatuto autonómico, más profundo, para Cataluña, y hacerlo extensivo a todas las autonomías según sus peculiaridades históricas, pero no la independencia.
De otra parte, la debilidad del presidente Sánchez, proviene del hecho de haber llegado al Palacio de la Moncloa mediante una moción de censura votada en el Congreso de los Diputados contra el entonces presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Es decir, es evidente la falta de legitimidad del presidente español: no está basada en sufragios ciudadanos. El mecanismo constitucional español derivado de la moción de censura, sólo da para un lapso breve, después de lo cual es imposible no llamar a elecciones generales. Más aún, cuando esa presidencia ha ido a dar al callejón sin salida en el que hoy se halla.
