ras nueve años de decir los pueblos del volcán Popocatépetl no al Proyecto Integral Morelos (PIM), de vivir encarcelamientos, persecuciones judiciales, tortura, difamación, militarización, cierre de radios comunitarias, división de las comunidades, compra de conciencias, engaños, formación de grupos de choque, enfrentamientos de población con la policía, recomendaciones de la CNDH y amparos ganados, hoy nos dicen que nos van a consultar sobre si se echa andar el PIM, que al pueblo se le va a tomar en cuenta para decidir. Pero, ¿qué pueblo? ¿El pueblo afectado o el pueblo en general? La consulta sobre el PIM es la primera consulta oficial que promueve el nuevo gobierno y la tercera ciudadana tras las consultas sobre el NAICM y el Tren Maya, donde la opinión de AMLO sobre el proyecto fue la que coincidió con los resultados de la consulta.

Violación al derecho a la información. Hoy el Presidente dice sí al Proyecto Integral Morelos, pero lo voy a someter a consulta, pero no afecta el ambiente y son sólo 100 metros los que faltan para conectarse, así como infinidad de argumentos que son rebatibles por los pueblos afectados y especialistas conocedores del PIM. Pero, nuestra voz no tiene el eco que la de AMLO, los pueblos que tienen razones para oponerse legítimamente no tienen 40 minutos en una conferencia de prensa donde puedan exponer por qué el PIM sí afecta a las comunidades. Por eso la consulta ciudadana es inequitativa, porque la población no cuenta con los mismos medios que la autoridad tiene para difundir la información y no existe un debate serio y público entre las partes inconformes. El plazo exprés de 13 días para aplicar la consulta viola el principio del derecho a la información, pues no son suficientes para que los pueblos, organizaciones, ambientalistas, defensores de derechos humanos y científicos que han recopilado centenas de documentos sobre el PIM lo sinteticen e informen en todas las poblaciones. Trece días no son suficientes para que la gente conozca el proyecto y resuelva sus dudas. Nueve años buscando justicia y 13 días para informar a millones de personas en los tres estados, con la opinión del Presidente cargando los dados de la consulta.

Esta consulta es inconvencional, porque viola el derecho de autodeterminación del sujeto indígena que habita en el territorio por donde atraviesa el proyecto, pues la decisión del pueblo afectado es remplazada por una encuesta regional de personas externas que no viven en el territorio indígena afectado. Respecto del PIM, el tema no debe reducirse a una cuestión de encuesta pública, sino ser el inicio del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas afectados por un megaproyecto, debiendo prevalecer la justicia por encima de cualquier interés económico. Una consulta sobre el PIM debe ser indígena, comunidad por comunidad, cada una a sus tiempos y sus ritmos, una consulta vinculante, donde si una comunidad dice no al gasoducto, éste debe cambiar su trazo en ese tramo y retirar los tubos de la comunidad, porque eso es reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas en su territorio. Una encuesta no puede suplantar el derecho sustantivo de los pueblos indígenas a ser consultados de los proyectos que afecten su territorio y forma de vida tradicional, pues violaría los artículos 6, 7, 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT y los derechos expresados en el artículo 2 constitucional y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

¿Qué se puede consultar y qué no? ¿Se puede consultar vivir sin las medidas adecuadas de protección civil? ¿Vivir en un ambiente contaminado para que no se tire el dinero a la basura? ¿El permitir condiciones de perjuicio a la salud pública a causa de la emisión de óxidos de nitrógeno? Las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl no fueron consultadas si se hacían, se hicieron porque es necesario proteger a las poblaciones. Antes que llevar a consulta el PIM, se debe determinar si el proyecto no pone en mayor riesgo a las comunidades que habitan en zona de peligro volcánico, riesgo principal del megaproyecto, que el superdelegado federal de Morelos omitió por completo en la presentación de impactos del proyecto.

Decir sí al PIM, es decidir por las comunidades cercanas al volcán para que vivan en mayor riesgo; decir sí al PIM, es impulsar el cambio de uso de suelo y agua de agrícola a industrial; es decir sí a los impactos ambientales y a la salud para que las empresas Elecnor, Enagas y Abengoa no pierdan su inversión. Por eso: Yo prefiero la vida: agua para vivir, tierra para trabajar y seguridad para vivir sin miedo. La bomba de tiempo está instalada, la cosa es prenderla, es el problema real heredado por los dos sexenios anteriores.

* Abogado y ex preso político por el Proyecto Integral Morelos