s la segunda batalla fuerte del obradorismo contra la corrupción sistemática e institucionalizada. Los números dados a conocer durante la conferencia mañanera son impactantes en sí mismos y más si se les entiende como una parte, apenas, del enorme entramado de conspiración contra el interés nacional desde oficinas públicas de primer nivel. No habría nación ni presupuesto público que soportaran tales niveles de saqueo de la riqueza colectiva: todo organizado para llevar a cuentas particulares lo que pertenece a la colectividad.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue entregada durante décadas, a título de concesión para bucaneros, a grupos políticos y personajes relacionados con el poder presidencial en turno. El complemento de las operaciones delictivas fue el sindicalismo abyecto y corrupto que tuvo entre sus grandes ejemplos a los ahora difuntos Francisco Pérez Ríos y Leonardo Rodríguez Alcaine, controladores de manera férrea de la paz laboral y el sometimiento a las instrucciones de la parte patronal-gubernamental. En 1975 surgió uno de los movimientos que intentaron depurar y renovar la vida sindical, la Tendencia Democrática del sindicato electricista, encabezada por Rafael Galván. Este intento fue aplastado, como tantos otros, mediante acuerdos y acciones del sindicato charro y las autoridades en turno.

Lo planteado ayer por el presidente López Obrador, y su duro director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, significa una acometida contra altos funcionarios de administraciones federales anteriores y sus titulares del momento. En ese contexto, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón han sido puestos bajo la lupa, al igual que varios de sus secretarios y directores, luego convertidos en consejeros, asesores o gestores de empresas relacionadas con los mismos asuntos que trataron como responsables estratégicos.

En el tramo encabezado por Enrique Peña Nieto tuvo como directores de la CFE a Francisco Rojas, Enrique Ochoa Reza y Jaime Francisco Hernández Martínez. En particular, fueron de escándalo las liquidaciones laborales gestionadas para sí mismo por Ochoa Reza, luego dirigente del PRI. Ya advirtió AMLO que ese tema de las liquidaciones será analizado y que él no será tapadera de irregularidades. Por otra parte, la artillería declarativa de López Obrador y Bartlett fue respondida, a la defensiva, por las firmas empresariales involucradas, entre ellas Carso, del poderoso multimillonario Carlos Slim.

Ha de decirse que en el terreno estrictamente jurídico no se avizora responsabilidad imputable a los miembros de la lista negra difundida en la conferencia presidencial mañanera. La ley aplicable a todos los casos establece que debe pasar un año desde que alguien haya ocupado un cargo de esa índole, antes de contratarse con cualquier empresa privada. Por otra parte, es probable que resulte difícil demostrar en términos jurídicos que hubiera conductas punibles en los contratos ventajosos y leoninos que se hubieran firmado, si esto fue hecho por las autoridades que eran competentes en su momento.

Por ello es que la metralla retórica de AMLO y Bartlett conlleva zonas de aterrizaje para eventualidades negociadoras. Se buscará el diálogo con los presuntos infractores, para intentar que reparen los daños causados o cuando menos aprovechen la sabida política andresina del borrón y cuenta nueva. Si no aceptaran estas banderas blancas, la autoridad exploraría la posibilidad de entablar acciones judiciales.

En ese entorno ha aparecido Napoleón Gómez Urrutia, el peculiar dirigente sindical minero rehabilitado por obra y gracia del obradorismo, quien ha anunciado la creación de una Confederación Sindical Internacional Democrática de México (CSID), que desde ahora es presidida por el propio ex director de la Casa de Moneda y heredero del negocio sindical que manejó su padre, Napoleón Gómez Sada. La nueva central sindical aspira a nutrirse de las escisiones y el vacío político que viven la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx