o habían tenido las fuerzas armadas tanta preponderancia durante los gobiernos civiles posteriores a la Revolución Mexicana como sucede con el lopezobradorismo. Lo mismo fungen como dirección de recursos humanos para contratar operadores de pipas para transporte de combustible (pipas que formarán parte de su patrimonio) que son habilitados como constructores de un polémico desarrollo inmobiliario en terrenos militares (en Santa Fe) y, ahora, además de confirmarse que se encargarán de las obras en la terminal aérea de Santa Lucía, se ha anunciado que administrarán ese nuevo aeropuerto civil y las ganancias de la operación quedarán para fortalecimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aún más: dicho aeropuerto llevará el nombre del general Felipe Ángeles, un afamado especialista en artillería y tácticas de combate que, a pesar de haberse desarrollado durante el porfirismo, terminó por sumar su genio militar al de Francisco Villa y acompañó las brillantes estrategias que definieron el triunfo de la Revolución Mexicana en batallas históricas. Honrar hoy al general Ángeles es también promover desde el Poder Ejecutivo que los soldados y oficiales mexicanos sean capaces, a pesar de haber pertenecido al antiguo régimen pripanista, de sumarse a lo que es denominado Cuarta Transformación del país.

La recurrencia al poder de las armas será discutida esta semana con especial ahínco en las cámaras legislativas con la intención de sacar adelante el máximo proyecto de militarización hasta ahora conocido en los tiempos de presidencialismo civil: la Guardia Nacional, que es un cambio de denominación y de uniforme, con facultades excesivas y peligrosas, y un presunto giro doctrinal, pero no operativo, del modelo instalado por Felipe Calderón Hinojosa y continuado por Enrique Peña Nieto.

Como sucede en otros temas polémicos, la discusión y el análisis públicos son influidos de manera abierta por los fuertes posicionamientos del Presidente de la República, quien hace campaña en pro de las opciones que impulsa, sin propiciar o permitir un genuino proceso de decisión colectiva libre de inducciones desde el poder.

En el caso de la Guardia Nacional son terribles las consecuencias que Palacio Nacional hace saber, en caso de que no se aprueben en las cámaras las modificaciones correspondientes a esta forma de militarización: las fuerzas armadas se retirarían de las calles, para reinstalarse en los cuarteles, con lo cual el dominio del crimen organizado sobre la sociedad sería contundente e implacable.

No le bastan al gobierno federal las reformas legales y constitucionales que ya ha aprobado la Cámara de Diputados. Palacio Nacional ha hecho saber su insatisfacción por la supresión de un artículo transitorio, el cuarto, que de manera provisional facultaría a dichas fuerzas armadas constituirse en Guardia Nacional, a pesar de que eso conlleva un sentido contrario al espíritu y la letra de la Constitución en vigor. En la semana que comienza, el Senado de la República –con Ricardo Monreal como obediente ejecutor– tratará de sumar los votos suficientes para satisfacer a la Presidencia de la República y reinstalar el transitorio de la discordia.

La Presidencia de la República como juez organizador de consultas públicas y parte cargada a una de las propuestas está a la vista en el caso de Huexca, municipio de Yecapixtla, Morelos, donde hay una viva y prolongada protesta contra la instalacion de una planta termoeléctrica. El Presidente de la República propone una consulta pública como método de resolución del conflicto social, pero ayer mismo asumió una clamorosa defensa de la opción constructora. En su agitado discurso, reiteró una equívoca formulación ideológica, al considerar que quienes protestan son de una izquierda radical que, a la vez, resulta conservadora. También recriminó a los opositores que no le hubieran apoyado electoralmente y, ahora, se levantan los de la extrema izquierda contra el gobierno.

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