Buenos Aires. Un nuevo escándalo judicial deja en evidencia la compra de testimonios bajo presión y amenazas para favorecer las acciones de persecución política del gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, y el llamado partido judicial cercano al oficialismo contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios y actuales gobernadores e intendentes de Unidad Ciudadana y del Partido Justicialista, mientras se obstaculizan todas las investigaciones sobre aportes falsos e irregulares a las campañas electorales de la gobernante alianza Cambiemos.

La denuncia de un empresario al que el fiscal Carlos Stornelli y un aliado cercano le pidieron 300 mil dólares para no mencionarlo en el caso de la causa armada ilegalmente sobre las fotocopias de unos cuadernos supuestamente escritos por el ex chofer de un funcionario del Ministerio de Planificación para acusar a la ex mandataria y otros políticos de haber pedido sobornos para la construcción de obras públicas, pone en evidencia que esta misma maniobra se ejecutó contra otros empresarios, mientras a los colaboradores o arrepentidos se les promete la liberación si acusan al grupo de perseguidos políticos del kirchnerismo.

El empresario agropecuario Pedro Etchebest fue contactado por Marcelo D’Alessio, a quien se vincula con sectores de inteligencia y seguridad, quien luego le presentaría en una zona de veraneo al fiscal Carlos Stornelli, quien está al frente de la causa de las fotocopias de unos cuadernos (que ni siquiera existen porque quien los escribió asegura que los quemó) en una operación sospechosa para tratar de llevar a prisión a la ex presidenta.

En este caso Etchebest se prestó a seguir el juego, y grabó videos con fotografías tomadas también por sus hijos de sus encuentros con D’Alessio y con Stornelli. También grabó la entrega de un adelanto por 15 mil dólares. Con esto presentó ante la justicia pruebas de sus dichos, lo que fue revelado por el periodista Horacio Verbitsky en el portal digital que dirige El cohete a la Luna, derivando en una causa judicial que puede tener consecuencias negativas para el oficialismo y para los grandes medios que llevan adelante campañas persecutorias en apoyo al gobierno de Macri.

La abogada del empresario, Natalia Salvo, en declaraciones a una radio local, destacó la valentía del juez federal de Dolores en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, quien abrió el expediente para investigar esta extorsión.

Etchebest confesó que tiene miedo pero llamó a todos los empresarios que estén en su situación a denunciar estos hechos de coerción.