Chihuahua, Chih., Los gobiernos de Zacatecas y Chihuahua interpondrán esta semana una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las nuevas reglas de operación de Fondo Minero, junto con municipios que piden seguir recibiendo al menos 3 mil 500 millones de pesos. Alcaldes chihuahuenses aseguran que usaron el dinero para pavimentar calles entre 2014 y 2017.

El Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera se entregaba hasta el año pasado a los alcaldes de municipios donde operan compañías mineras, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), para obras públicas e infraestructura, a veces realizada solamente en las cabeceras municipales, sin beneficio directo para zonas afectadas por megaproyectos de extracción.

De 2014 a 2017 municipios de Chihuahua recibieron mil 278 millones 84 mil 501 pesos, invertidos en 330 obras cuyo costo promedio fue de 4.2 millones cada una. La mayoría consistieron en pavimentación, drenaje y tubería de agua potable, además de acondicionamiento de parques.

En Chihuahua, sólo 6 por ciento de los recursos se ha usado para la construcción de caminos y puentes. Las vías hacia las zonas donde operan las minas a cielo abierto siguen siendo de terracería.

Las nuevas reglas de operación del Fondo Minero fueron publicadas el 28 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación y en la Ley de Ingresos de la Federación. Ahora los recursos se utilizarán para la entrega de microcréditos por 6 mil pesos a cada uno a los habitantes de municipios mineros.

La Secretaría de Economía federal tiene hasta marzo para crear un nuevo Fondo Minero, que era administrado por Sedatu, algo que el gobernador panista Javier Corral Jurado, de Chihuahua, y el priísta Alejandro Tello Cisterna, de Zacatecas, buscan impedir por medio de la controversia constitucional.