Zacatecas, Zac., Al menos 23 mineras trasnacionales, principalmente de capital canadiense, y mexicanas, así como empresas agroindustriales y eólicas europeas se han apropiado en años recientes de gran parte del territorio que abarcan ocho municipios del Altiplano potosino, denunciaron en una misiva que hicieron llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador habitantes de esas localidades agrupados en diversas organizaciones sociales y comunitarias.

Megaproyectos mineros, parques eólicos, agroindustrias y granjas intensivas, así como carreteras y represas de empresas favorecidas por autoridades federales, estatales y municipales, representan un atentado contra nuestra libre determinación sobre la gestión y el uso de bienes comunes como el agua, el viento, la energía solar, el territorio y, en suma, la vida campesina, reprocharon.

La visita de López Obrador a esa región de San Luis Potosí, a finales de enero, generó expectativas entre numerosos habitantes y organizaciones, que tenían la esperanza de ser atendidos.

Ciudadanos de los municipios de Cedral, Vanegas, Catorce, Matehuala, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Guadalcázar y Villa de Ramos, donde se ubican territorios pertenecientes a las áreas naturales protegidas de Wirikuta y Guadalcázar, se manifestaron contra el despojo cometido por las multinacionales.

Firman la carta los integrantes del Colectivo Tamatsi, la organización El Fruto del Mezquite, el Club Astronómico de Cedral y la parroquia católica de Nuestra Señora de la Asunción de Cedral, que encabeza el presbítero Gerardo Ortiz Blanco –conocido en la región como Padre Canas–, quien pertenece a La Pastoral Social.

En nombre de los habitantes de los ocho municipios mencionados, exponen: En nuestros ejidos, sin nuestro consentimiento, han sido autorizados 23 proyectos mineros de capital extranjero, según consta en un informe de 2017 de la Dirección General de Desarrollo Minero y la Secretaría de Economía. De ellos, 18 son de origen canadiense; sin embargo, en la región también se encuentran consorcios nacionales, como Grupo México, Grupo Industrial Peñoles y Grupo Frisco.Además, sostienen, se han desplegado en la región agroindustrias que son propiedad de empresarios y políticos potosinos que han aprovechado sus puestos de poder y privilegios para obtener, además de las concesiones de agua subterránea, los usos de suelo respectivos y el aprovechamiento de la mano de obra migrante y ranchera, que es explotada en estos invernaderos.

Aseguran que existen proyectos propiedad de la trasnacional italiana Enel Green Power, que suministra energía para los consorcios mineros y agroindustriales, no para nuestra vida diaria.

Señalan que los parques eólicos de Santo Domingo y de Charcas (Parque Dominica 1, Dominica 2 y San Francisco) cuentan en conjunto con más de 300 turbinas aerogeneradoras “que se instalaron sin las debidas consultas y contratos con ‘letras chiquitas’ que no informan de las transformaciones al territorio, de las alteraciones en el pastoreo ni del acceso a tanques de agua, fundamentales para nosotros”.

Aseveran que en la región del Valle de Arista empresarios agroindustriales de Sinaloa aniquilaron en 20 años 80 por ciento de los suelos productivos y aceleraron el agotamiento de los mantos acuíferos. La profundidad freática pasó de 40 a 400 metros de profundidad.

A López Obrador le piden considerar que, según la Comisión Nacional del Agua, seis de los 10 acuíferos de San Luis Potosí se encuentran sobrexplotados (El Barril, Salinas de Hidalgo, Villa de Arista, Matehuala-Huizache, Jaral de Barrios-Villa de Reyes y la capital del estado), pero paradójicamente en estas demarcaciones las concesiones a agroindustriales y privados continúan autorizándose.

Mientras el gobierno federal siguió promoviendo intensivamente el establecimiento de la industria minera hasta hace pocos meses, nuestras comunidades y pueblos viven en alta marginación y condiciones de vida deplorables: en nuestros municipios la media de analfabetismo es de 23 por ciento; 35 por ciento no cuenta con servicios de salud y alrededor de 30 por ciento de la gente carece de agua entubada a la red pública.

Por todo lo anterior, exigen la cancelación total del otorgamiento de concesiones que afectarán irremediablemente nuestra agua, tierra, aire y ecosistemas. Se lo pedimos en nombre de nuestros abuelos y abuelas y en nombre de aquellos que vendrán después de nosotros.