Tras siete décadas de espera es hora de pasar de las manifestaciones de buena voluntad a los hechos, sostuvo Efraín Arteaga Domínguez, dirigente del Movimiento Unificado de Ex Braceros.

En conferencia de prensa, acompañado por el abogado José Antonio Foronda Farro, expuso que los ex braceros y sus beneficiarios confían en obtener una respuesta favorable con la actual administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Remarcó que tanto López Obrador (en enero pasado), como la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero, nos han manifestado en más de una ocasión que están de acuerdo en que se instale a la brevedad la mesa de diálogo que hemos venido solicitando, a efecto de que podamos construir de común acuerdo una solución que sea justa, digna y definitiva a este adeudo histórico de justicia.

Detalló que a cinco años de ha-ber tramitado una queja ante la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos (CIDH), el organismo del sistema de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, admitió a trámite el recurso.

Subrayaron que a partir del 7 de noviembre, la CIDH otorgó un término de tres meses a ambas partes (ex braceros y al Estado mexicano), para que manifiesten lo que a nuestros intereses convenga, plazo que concluyó ayer.

De conformidad con el artículo 40, numeral uno del Reglamento Interior de la CIDH, en cualquiera de las etapas del procedimiento es posible abrir un espacio para procurar una solución amistosa, a petición de cualquiera de las partes o a iniciativa de la comisión.

En este contexto, Arteaga y Foronda plantearon que el 30 de enero, la subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos concedió una audiencia en la cual el director general para Derechos Huma-nos y Democracia, Cristopher Ballinas Valdez, y el director de Ca-sos, Uriel Salas Segovia, nos explicaron cómo tendría que ser el procedimiento para solicitar una solución amistosa.

El primero de febrero pasado se requirió formalmente a la CIDH que se abra un espacio en el contexto de su procedimiento para la instalación de una mesa de diálogo, negociación y trabajo entre el gobierno federal mexicano y el movimiento de ex braceros para que procuremos una solución amistosa al problema del adeudo de justicia que el Estado mexicano tiene con los trabajadores ex braceros del periodo 1942-1967.

El pasado 6 de febrero, la cancillería pidió a la CIDH una prórroga al citado término de tres meses para dar tiempo al gobierno mexicano de analizar la situación.

Se calcula que 4.6 millones de braceros fueron a trabajar a Estados Unidos en las fechas referidas, y a cada uno se les descontó 10 por ciento de su salario para establecer un fondo de ahorro campesino que les sería entregado al volver a México. El gobierno estadunidense cumplió con su parte de enviar los recursos a México, pero el gobierno mexicano nunca entregó el dinero a los beneficiarios.

Un estudio de 2008 indicó que la deuda oscilaba en poco más de 5 billones de pesos y un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados refería que los sobrevivientes y beneficiarios eran 3.2 millones.

Según una sentencia de amparo de 2016 le correspondería a cada ex bracero o beneficiario un promedio de un millón 96 mil pesos.