odas las mañanas se escucha una sola versión sobre los programas gubernamentales: la de la presidencia de la República. Es normal, se trata de su conferencia y de su voz. Suele tener invitados, tanto de su gabinete como de personas involucradas en sus iniciativas, como los familiares de Emiliano Zapata, por ejemplo, con quienes se dispone a organizar una serie de eventos para conmemorar el centenario del asesinato del general de Ejército del Sur.

Hasta el momento no ha sido invitada a las conferencias una voz que ofrezca otra versión sobre los proyectos presidenciales.

El pasado 6 de febrero se anunció una nueva consulta ciudadana, esta vez para poner en marcha la termoeléctrica Huexca (y no La Huesca, como dice la boleta de la consulta), en Morelos; y el gasoducto, bajo la premisa de que no contaminan el agua.

Desde hace seis años, la población afectada se organizó en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y hoy, ante el anuncio presidencial, advierten que el proyecto, además de representar un riesgo ecológico y de salud por la descarga de aguas residuales sobre el Río Cuautla, también despoja de agua a los ejidatarios, contamina el aire y los cultivos agrícolas, genera lluvia ácida y una falta de seguridad por la presencia de un gasoducto en zona de riesgo volcánico y sísmico, como lo han advertido las propias instituciones de gobierno.

Las comunidades organizadas rechazan definitivamente la consulta presidencial, pues, indican, “son los pueblos afectados los que deben decidir el destino del proyecto y no la ciudadanía en general.

De realizar una consulta como la del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o el Tren Maya, López Obrador estaría violando el derecho de autodeterminación y consulta indígena de los pueblos nahuas afectados por el Plan Integral Morelos”.

Una consulta indígena, insisten, no es lo mismo que una ciudadana, donde la simpatía que tiene el nuevo presidente y los medios de difusión que tiene a su alcance, generan una desventaja sobre los pueblos indígenas.

Si no se cancela la termoeléctrica (obra suspendida con seis amparos y la movilización social), no habrá año de Zapata, advierten los pobladores afectados.