Profesores frente a grupo, representantes del magisterio disidente y funcionarios exigieron al Congreso que derogue la reforma educativa porque hubo retroceso y acciones punitivas contra los maestros al imponerse el gerencialismo educativo.

Ayer se realizó la primera jornada de consultas convocadas por las comisiones unidas de Educación y Gobernación de la Cámara de Diputados, a fin de aportar elementos para el proyecto de dictamen de reforma constitucional promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Participaron 30 ponentes en el auditorio del edificio E de San Lázaro. El rechazo a la norma aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue unánime y se promovió una nueva forma de preparación y actualización docente.

Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación, expuso que la razón de las sesiones –hasta el 16 de febrero– del llamado parlamento abierto será escuchar todas las voces. Se incluirán las propuestas de los trabajos que realicen las dos comisiones unidas citadas.

El representante de Morena, Juan Pablo Sánchez aseguró que “las políticas educativas que se presentan en cada sexenio son ocurrencias; la reforma que presentó Enrique Peña Nieto provocó un divorcio.

Esta reforma se tradujo en despojo total a la nación y se pretendió que las aulas públicas se convirtieran en escuelas para pobres. Se tiene que arreglar primero la descomposición social.

No benefició a nadie

Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa en la Ciudad de México, adujo que la propuesta presidencial da inicio al debate “con el cual se da sepultura a una reforma que no benefició a nadie.

La reforma anterior tuvo dos grandes carencias: su presentación en sociedad fue dictar auto de formal prisión a la líder sindical y fue una reforma que no consideró lo que somos ni lo que nos pertenece. Esto acabó con una premisa que nos hizo mucho daño: que los maestros no eran los buenos, si no sabemos que debemos aprender de ellos.

Pedro Corzo, investigador del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, aseveró que la propuesta presidencial marcará el fin de la noche oscura de los 30 años del neoliberalismo.

Julio César Moyao, representante de la sección 14 de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, solicitó a los diputados debatir y analizar para garantizar la educación pública en todos los rincones del país, eliminar la evaluación y respetar el escalafón y la antigüedad de los profesores.

Asimismo, demandó la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y formar un mecanismo de capacitación y profesionalización docente confiable que permita evaluar al maestro.