El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) apremió al gobierno federal a atender la violencia contra las mujeres que se presenta en el ámbito comunitario y revisar las 18 alertas de género declaradas en el país. En este sentido, pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador dialogue con las organizaciones.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, expuso que 70 por ciento de los feminicidas se mantiene en el estatus de desconocidos, ubicando sólo a 30 por ciento de los agresores como personas conocidas de las víctimas, tales como sus parejas y familiares cercanos, entre otros, “lo que refleja un evidente contexto criminal.

Lo que han hecho las autoridades estatales es invisibilizar y reducir el feminicidio al ámbito familiar; del 24 por ciento de los asesinatos de mujeres que se reconoce como tal, la mayoría lo ubican en este círculo, dejando en la impunidad y no investigando los que se cometen en el espacio público, donde en muchos casos están involucrados diversas estructuras criminales, señaló.

La impunidad, corrupción y omisión de las autoridades municipales y estatales busca poner bajo la sombra un crimen abominable, que rebasa la violencia familiar y la discriminación, y a la que se imponen los grupos delincuenciales, dijo en conferencia de prensa.

Informó que han documentado cómo los cuerpos de mujeres y niñas son ocultados y sepultados incluso en viviendas, como fue el caso en Empalme, Sonora. Asimismo, cómo abandonan o arrojan los cuerpos en la vía pública, o cómo matan a embarazadas para extraer a sus bebés del vientre.

El OCNF también acusó que en algunos estados se han desmantelado los mecanismos de adelanto para el sector femenino, como sucedió con el Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Activistas integrantes de diversas organizaciones que forman parte del OCNF destacaron que los gobiernos estatales no destinan ni ejercen plenamente los recursos para atender la violencia feminicida.

En el caso de Guerrero, señalaron que se asignaron 64.7 millones de pesos para atender la alerta de violencia de género contra las mujeres, declarada en 2016. Los recursos se distribuyeron en gasto burocrático, pago de conferencias y un banco de datos; de este último, no se tiene la información.

Además, denunciaron que a pesar de que se detectó una red de trata en el interior de la Universidad Autónoma de Guerrero, se ha encubierto el caso.

En relación con Ciudad de México, señalaron que no hay avance. Estrada añadió que los casos de intento de secuestro en el Metro pueden estar relacionados con la trata de personas.