Buenos Aires. El juez federal Claudio Bonadio ordenó una nueva citación a indagatoria de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner para que declare en la llamada causa de las fotocopias de los cuadernos referidos a presuntos sobornos en la obra pública, y dispuso la investigación de otras cien personas involucradas en esas actuaciones.

Es la tercera citación de este juez, quien a pesar de tener una causa y denuncias en su contra continúa su persecución contra la ex mandataria, siempre con pruebas falsas o inconsistentes. Ahora la acusa de ser jefa de una supuesta asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios adjudicatarios de obras públicas.

Esto se resolvió a partir de las fotocopias de unos cuadernos escritos por el ex chofer de un funcionario del Ministerio de Producción, mismos que supuestamente fueron quemados por él. A partir de estas fotocopias, Bonadio, comparado por su trayectoria ligada a sectores de inteligencia de Washington con el juez y ahora ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, citó a empresarios nombrados en los supuestos cuadernos a los que ofrecía la libertad inmediata si acusaban a la ex mandataria, mientras a los que no lo hacían los envió a prisión preventiva, violando la ley.

Las indagatorias comenzarán el 26 de febrero, fecha en que están citados ex funcionarios y empresarios como Aldo Roggio, Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, entre otros, para concluir con la citación al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien lleva más un año en detención preventiva. Además, el polémico juez dispuso que enviará más de 70 órdenes para que se presenten empresarios del sector de la construcción.

La ex presidenta, representada por el abogado Carlos Beraldi, solicitó que esta causa sea remitida a la sureña provincia de Santa Cruz, donde se realizó la obra pública cuestionada, a pesar de que ya se revisó todo y estaba en regla. Beraldi solicitó la suspensión del juicio previsto debido a que faltan peritajes.

Esta citación coincide con un momento crítico para el gobierno de Mauricio Macri, cuando fuentes del Instituto de Estadísticas y Censos revelan la destrucción de la industria nacional que ha llegado a un nivel de la crisis de 2001.

Esta citación surge cuando el gobierno ha intervenido sobre la justicia nuevamente para desactivar la investigación sobre aportantes falsos a la campaña electoral de la oficialista Cambiemos, de acuerdo con una denuncia con pruebas concretas de un periodista del portal El Destape. Entre los cientos de aportantes figuran incluso indigentes. Las investigaciones constataron la veracidad de estos cargos, pero la justicia afín al gobierno decidió apartar del caso al juez Sebastián Casanello. Esto lo hizo el presidente de la Cámara Federal, el macrista Martín Irurzun, que envió la causa a sorteo y cayó en manos de Ariel Lijo, otro magistrado que ya ha sido presionado fuertemente por el gobierno.