La Secretaría de Economía (SE) acumula un rezago de 20 mil trámites mineros, de los cuales 5 mil son cancelaciones de concesiones de empresas de todos los tamaños y otro número similar son liberaciones de terreno, reveló Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la dependencia, entrevistado tras participar en el México Mining Forum 2019.

Una concesión que no se trabaja es un fracaso de política pública, dijo y aclaró que la cancelación de concesiones se hacen constantemente. Estamos revisando que se hicieron de manera correcta y asegurarnos que no se afectaron los derechos de ninguna de las partes, además de no generar mayor incertidumbre o mayores trámites con las cancelaciones, comentó.

Consultado por la prensa sobre las garantías que tienen las inversiones mineras en este sexenio, Quiroga sostuvo que el mejor blindaje social que tienen los empresarios del sector es el que reciban de las comunidades donde operan.

Durante su ponencia en el foro donde participaron decenas de dueños y directivos de empresas proveedoras de la industria minera, el subsecretario advirtió que si la minería ha sido criticada y catalogada como una actividad perniciosa para las comunidades y el medio ambiente es porque en el sector “no hemos sabido comunicar que esta industria consume mucho menos agua y recursos naturales que otras o que la agricultura.

La minería es lo mejor que les pudo haber pasado a muchas comunidades. Ni siquiera debería haber discusión al respecto, pero tenemos que explicar que la minería moderna no contamina, remarcó.

Dijo que en lugar de escarbar en el pasado, el énfasis de la Subsecretaría de Minería es conjuntar voluntades y ver soluciones al futuro, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, así como a las comunidades, a las que se consultará sobre proyectos mineros no sólo, acotó, para que den el sí, sino para hacerlas parte de los beneficios económicos.

Fondo de 3 mil 600 mdp

Quiroga previó que el Fondo Minero para apoyar a las comunidades y del que a partir de este año se hará cargo la SE, tendrá recursos por 3 mil 600 millones de pesos, que serán entregados de manera directa, sin intermediarios, y no por conducto de municipios o gobiernos estatales como antes.