l martes 22 de enero, en la sala oval de la Casa Blanca, se llevó a cabo una conjura contra la democracia, la paz y la independencia de América Latina. Josh Roguin afirma en The Washington Post que ese día se realizó una reunión parcial del Consejo Nacional de Seguridad en la que participaron John Bolton, Mike Pompeo, Steve Mnuchin y Joseph Dunford, quienes acordaron investir a Juan Guaidó como nuevo presidente de Venezuela.

Tras recibir la anuencia de Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence le habló por teléfono a Guaidó y lo autorizó a autodesignarse presidente encargado y le instruyó lo que debía decir. Durante la noche, los conspiradores telefonearon a varios jefes de Estado para conminarlos a reconocer al nuevo presidente de Venezuela. Al día siguiente en la mañana, Juan Guaidó se autoproclamó presidente y recibió el espaldarazo público de Trump y otros gobiernos. Mike Pompeo pidió a las fuerzas armadas de Venezuela proteger a Guaidó y exigió al presidente constitucional Nicolás Maduro hacerse a un lado. La conspiración de 10 personas pretendió sustituir el voto de 6 millones de venezolanos.

El jueves 25, Pompeó anunció que Elliot Abrams sería el encargado de restaurar la democracia en Venezuela. La noticia seguramente cimbró a quienes perdieron algún ser querido en alguna de las masacres cometidas en El Mozote, El Salvador y Estelí, Nicaragua. En 1982, el ejército de El Salvador, entrenado, financiado y asesorado por Estados Unidos, violó a decenas de mujeres y niñas y posteriormente masacró a 500 civiles desarmados, incluido un niño de tres años de edad, en un paraje llamado El Mozote. Ante las denuncias internacionales, Elliot Abrams dijo que el relato no era creíble y seguramente era propaganda del FMLN. Abrams se dedicaba entonces a defender ante la opinión pública a los asesinos.

Diez años después, una comisión de la verdad confirmó que los soldados asesinaron intencional y sistemáticamente a 500 personas desarmadas. Ese mismo año, la enmienda Boland prohibió al gobierno estadunidense seguir financiando a las bandas contrarrevolucionarias que incendiaban cultivos y degollaban campesinos en Nicaragua. Años más tarde, una sentencia judicial condenó a Abrams a dos años de prisión como parte del escándalo Irán- contras por haber mentido al Congreso y haber continuado el financiamiento letal de los mercenarios que intentaban derrocar al gobierno sandinista. Nicaragua acusó a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por el asesinato de 38 mil personas.

El jueves 25 de enero el vocero del Departamento del Tesoro congeló las cuentas y bienes del gobierno de Venezuela. Posteriormente, anunció que todas las relaciones económicas de Estados Unidos con Venezuela serían administradas por Juan Guaidó. El lunes 28 de enero, el Departamento del Tesoro congeló y confiscó los recursos de PVDSA, 7 mil millones de dólares en activos y 11 mil millones anuales por venta de petróleo. El martes 29, Bolton celebró que Guaidó abrió el petróleo venezolano a la participación de empresas privadas estadunidenses. El llamado huracán Bolton –por haber golpeado sistemáticamente a la Organización de Naciones Unidas (ONU)– señaló en algún momento que el día más feliz de su vida ocurrió cuando fue a decirle al negrito (Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU) que tenía que dejar su cargo. Ahora Bolton se encargó de anunciar lo que podríamos llamar el robo del siglo.

Venezuela afronta, no cabe duda, una grave crisis multidimensional: económica, social y política, pero la intervención de Estados Unidos, lejos de ayudar, empeora las cosas: acentúa el odio, empuja la crisis hacia una guerra civil, un conflicto regional (por ejemplo, una guerra entre Colombia y Venezuela) o incluso una confrontación global; además, disuelve la soberanía venezolana, amenaza la independencia de América Latina e impone una solución colonial.

El 24 de enero, en la tensa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante ruso, Vasily Nevenzia, dijo que Venezuela no constituye un tema a tratar en el Consejo de Seguridad de la ONU porque no representa ninguna amenaza para la seguridad y la paz mundial. El auténtico peligro para la seguridad mundial, afirmó, lo constituye la flagrante injerencia estadunidense en los asuntos internos de Venezuela, muestra de que Estados Unidos considera a América Latina como su zona exclusiva, remató el diplomático ruso.

La política exterior de México ha defendido principios muy valiosos para la región y el mundo: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos internos de otros países y la solución pacífica de los conflictos. El embajador mexicano, Juan José Ignacio Gómez Camacho, intervino certeramente en el Consejo de Seguridad y respaldó la postura del secretario general de la ONU en su llamado a todas las partes para reducir las tensiones y evitar una escalada del conflicto y cualquier expresión de violencia. Exigió también una solución pacífica y democrática en la que sea el propio pueblo venezolano el que elija su propio rumbo, para lo cual planteó un nuevo proceso de negociación con mediación internacional. La salida pacífica aún es posible, pero se requiere de una vigorosa opinión pública que se oponga a la maquinaria propagandística que disfraza de ayuda humanitaria una conspiración contra la democracia en América Latina.

* Investigador de la UNAM